La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 123, que se impondrá la pena de
prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al Mexicano que cometa traición a la patria. La descripción anterior viene a colación por la advertencia que hizo el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dijo que negarse a realizar pruebas masivas de covid-19 como lo ha indicado el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell, por cuidar las estadísticas, sería un acto de “"Traición a la Patria”.
“"No quiero yo pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria, así de claro” el Gobernador Jalisciense. En lo personal me parece que hasta ahora los gobernadores han dejado de lado el papel de defensores de sus ciudadanos ante los caprichos que por desgracia ha estado implantando Andrés Manuel López Obrador con el tema del coronavirus y la pandemia mundial que cada día se agrava.
No es novedosa la, actitud del Subsecretario de Salud, Vocero y tapete presidencial, el señor López-Gatell, quien hasta ahora ha dado muestras palpables de una complicidad brutalmente ofensiva para la salud de los mexicanos a quienes ha pretendido tomar el pelo con sus disertaciones mañaneras, y siendo extremadamente cuidadoso para no despertar la ira del Presidente de la Republica que de forma irresponsable ha venido ocultado datos y girado instrucciones al señor Gatell de evitar que los mexicanos nos entremos de su delincuencial conducta.
Y hablo de delincuencial conducta porque el Señor Presidente de la Republica es quien directamente dio instrucciones para no realizar las pruebas al inicio de la pandemia, instruyendo al señor López-Gatell a enfrentar a los medios haciendo el ridículo con la forma de lavar las manos, y a señalar que era mejor esperar a que hubiera cíen niños infectados de coronavirus en las escuelas para poner en operación el aparato médico del Estado. Por menos de esto en otras latitudes ya hubieran sido juzgados por traición a la patria tanto Andrés Manuel López Obrador como el señor López Gatell.
Claro está que la abrumadora mayoría que detenta el Movimiento de Regeneración Nacional son el principal soporte de las descabelladas decisiones del ignorante Mandatario mexicano que por desgracia ha llegado al grado de convivir con los narcotraficantes más buscados del mundo.
En realidad no sé que pase por su cabeza, pero lo único que puedo decir es que México es un país de leyes, y un Presidente de la Republica que se aparta de la norma constitucional merece no tan solo la destitución, sino el encarcelamiento.
Con todo y que panistas y tricolores hicieron gobiernos garrafales, nunca operaron de la manera que lo está haciendo el señor López Obrador. La Traición a la Patria es un delito de lesa humanidad, y como lo señala el gobernador de Jalisco, están dejando morir a muchos mexicanos por no tener un diagnóstico adecuado. Si de algo tengo seguridad, es que los miembros de la cuarta transformación están asesinando a los mexicanos con su negativa de asignar fondos al Seguro Popular que mantuvo con vida a diabéticos graves proporcionándoles diálisis para evitar su muerte. Ni que decir de los niños con cáncer que también fueron condenados a muerte. Hay que decirlo con todas sus letras, el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, es un genocida, y sus principales colaboradores y cómplices también. Al tiempo.
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