Don Pablo Gómez es un respetable integrante de la izquierda radical de este país. Pero si algo podemos señalar de él es que ha sido congruente con su
forma de pensar y ha tenido una larga militancia en la oposición. Tiene setenta y seis años y mucha energía todavía para mantenerse vigente en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional, donde ha dado muestras de su carácter y de su radical militancia. Siempre ha sido muy echado para adelante, como se dice en el argot popular, aunque también algunas veces se extralimita,
Ahora ocupa la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Gobierno Federal después de que Santiago Nieto fuera despedido por haberse casado en Guatemala, cuya misión principal es la prevención y el combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o más bien de lo que se hace para lavar dinero ilegal, que en este país ha sido una actividad muy recurrente no tan solo de los miembros del crimen organizado, también de algunos empresarios y por integrantes del actual esquema gubernamental.
Es un hombre hosco, berrinchudo, y cree que siempre tiene la verdad. Ahora le dio por señalar que la participación de la Revocación de Mandato es obligatoria de acuerdo a la Constitución Mexicana, y que se plantean sanciones como la suspensión de los derechos electorales hasta por un año para quien incumpla con el deber de acudir a las urnas. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, dijo que la participación ciudadana en la Revocación de Mandato era obligatoria y de acuerdo con la Constitución de México, se plantean sanciones como la suspensión de los derechos electorales hasta por un año para quien incumpla con el deber de acudir a las urnas.
De paso, afirmó que el Instituto Federal Electoral no hizo del conocimiento esta particularidad a los mexicanos, culpando a sus integrantes por no haber informado a los ciudadanos. Y si, en la letra se señala la obligatoriedad de acudir a las urnas, pero hasta ahora nunca se ha tipificado como una falta o un delito, por lo que la norma jurídica carece de ese elemento. Acudir a votar hasta ahora ha sido un derecho y nunca una obligación, porque en cualquier ordenamiento legal se tiene que expresar cuál es la posible sanción y determinar cuál es la conducta.
En este país acuden a votar los que quieren, y también los acarreados, que en eso el Movimiento de Regeneración Nacional tiene muchos expertos, pero de ahí que el señor Gómez por detentar un importante cargo pretenda imponer su criterio a una norma inconclusa e inadecuada, fuera de toda posibilidad de operarla, y señale que el voto es obligatorio, habla de su talante autoritario que siempre ha mostrado. Los mexicanos tenemos a salvo el derecho de ejercer el voto o abstenerse, porque es una condición ciudadana, y mientras no se reglamente o se coloquen sanciones por no acudir a votar, el precepto queda desfasado.
Lo que debiera hacer el señor Pablo Gómez es investigar ese avión que ahora detentan los Trivagos, o sea los hijos presidenciales, y que le quitaron a uno de los líderes petroleros, en el que viajan a Dubai, el paraíso fiscal de moda, para realizar algunos depósitos y poner a salvo grandes cantidades de millones de dólares producto de los negocios al amparo del poder. Quienes han señalado que Andrés Manuel López Obrador detenta una fortuna superior a los cinco mil millones de dólares, pudieran tener razón, porque hasta ahora ha sido más corrupto que cualquiera de sus antecesores. Al tiempo.
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Lic. En Derecho por la UNAM. Lic. En Periodismo por el Carlos Septien. Conferencista. Experto en Procesos de Comunicación. Expresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Miembro del Consejo Nacional de Honor ANPERT, con 50 años de experiencia en diversos medios de comunicación.