Muchas cosas han pasado en la corta historia del Instituto Federal Electoral, sobre todo aquellas que pérfidamente han construido los partidos políticos y los excesos de muchos de los que por ahí han pasado en su calidad de Consejeros Electorales. Por principio de cuentas diré que eso de “Consejeros” no es más que un título rimbombante de un encargo que debiera tener una naturaleza más cercana al perfil de un juzgador, porque lo que hacen estos señores no es otra cosa que ser el árbitro de las elecciones, es decir, son jueces de los procesos electorales, y en ese carácter es que emiten sus consabidas resoluciones que aunque atacables, pocas veces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les enmienda la plana.
Muchas cosas pasan como señale anteriormente, y las más tienen que ver en la forma en que se gastan el dinero que aportamos los ciudadanos para el sostenimiento del aparato del Estado Mexicano, del cual forma parte el IFE. La discrecionalidad de los señores consejeros ha sido abierta y en algunas ocasiones impune, como el hecho de haber autorizado, según señala el Contralor Interno Gregorio Guerreo Pozas, la compra de un edificio con valor de 118 millones de pesos, habiendo pagado 262 millones. No es un asunto nimio en cual han ventilado los medios de comunicación en los últimos días, sobre todo porque el pleno del Consejo General rechazó el resultado de la indagatoria. Tampoco resulta nimia la diferencia entre lo que se pagó y lo que señala el propio Contralor vale el inmueble: 44 millones de pesos de los contribuyentes.
Gregorio Guerrero Pozas no tenía en todo caso porqué ganarse la animadversión de los integrantes del Consejo sabedor de que en cualquier momento ellos pudieran iniciar un procedimiento para buscar su destitución, pero aseguró que los consejeros se centraron, a la hora de analizar los hechos, en observar simplemente los avalúos del inmueble que actualmente es de 306 millones de pesos, dejando de lado el pago que se realizó por los adeudos que ya tenía la finca al momento de su adquisición. Guerrero Pozas señala que la maniobra le causa indignación y vergüenza.
Me parece que a cualquier mexicano le causa lo mismo la forma tan descarada y burda de disponer del dinero público, y tendrá que ser la Procuraduría General de la República quien inicie una averiguación previa contra Fernando Santos Madrigal, ex Director Ejecutivo de Administración, a quien los integrantes del Consejo exoneraron sin considerar las pruebas del ilícito. La sospecha es que existió una acción concertada con la finalidad de apropiarse de los caudales públicos ministrados por los mexicanos. Con la misma diligencia que se realizó la indagatoria de la señora Elba Esther Gordillo, Jesús Murillo Karam deberá ordenar la inmediata intervención de la PGR para esclarecer el asunto. No por ser el órgano electoral que valido la elección presidencial puede el hecho quedar en la impunidad. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.