Es bien conocida la tónica del Gobierno del Distrito Federal de desentenderse de los problemas urbanos que involucran al Gobierno Federal. Cada vez que escucho a un funcionario capitalino señalar que no intervienen porque es un reclamo que los ciudadanos le hacen a la Federación, me entran una ganas enormes de presentar
una denuncia por omisión de funciones en el encargo público, pero es inútil porque las complicidades con las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley es brutal y cínica. Si usted amable lector va y pretende hacer un campamento en cualquier parte de la Ciudad de México para protestar contra las autoridades, tenga la seguridad de que más pronto que de inmediato recibirá una atenta y violenta invitación para que desista de sus propósitos.
Así funciona esto, los simples ciudadanos no tenemos derechos, solamente obligaciones, pero los militantes del Partido del Sol Azteca no tan sólo cuentan con una gran permisibilidad para la comisión de delitos, sino que pueden hacer lo que les venga en gana porque la ley no existe para castigarlos. La mejor muestra de lo que digo es la deleznable complicidad de los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes con todo el cinismo y desfachatez de lo que son capaces, cambiaron las leyes para excarcelar a una serie de peligrosos delincuentes que se dedicaron a vandalizar el Centro Histórico para protestar por la llegada del Presidente Enrique Peña Nieto al ejercicio del poder.
Pero ese es tan sólo un botón, porque la lista es larga. La Asamblea de Barrios tiene permiso de invadir predios, edificios, casas, o terrenos, de los que se posesiona para obligar a los propietarios a que le vendan al gobierno central a precio de risa. A la fecha mantiene más de 400 predios invadidos en la Capital de la República, y pese a ser un delito, curiosamente la Procuraduría local no hace absolutamente nada. Ni qué decir de otras organizaciones afines al PRD. Los maestros llevan meses en plantón en el Zócalo Capitalino sin que haya siquiera la intención del Gobierno del Distrito federal para retirarlos. Otro ejemplo fue el plantón de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Bucareli, afectando a todo el comercio de la zona, con la consiguiente quiebra de la mayoría.
Por mucho que el señor Mancera señale que en la Ciudad de México no existe crimen organizado, los Jefes Delegacionales de Tlalpan, Maricela Contreras, Mauricio Toledo en Coyoacán y Alejandro Fernández en Cuauhtémoc, pueden dar cuenta de la forma en que se organizan para cometer tropelía y media sin que nadie ose tocarlos ni siquiera con el pétalo de una investigación. Operan en la más completa impunidad. Los integrantes de Rutas Unidas del DF fueron retirados a golpes y macanazos por 500 granaderos por pretender hacer un plantón. El único argumento que les dieron es que se quitaban o los quitaban. Por cierto, no militan en el PRD, quizá por eso la salvaje macaniza que les propinaron. La justicia es selectiva en el Distrito Federal. Al This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.