El presidente Enrique Peña Nieto lanzó un sos para que los gobiernos, en los tres órdenes del país, asuman su responsabilidad en el combate al crimen y por vez primera en muchos meses y quizá en todo el sexenio, admitió que los índices de criminalidad “nuevamente
empezaron a regresar a escenarios del pasado”, una clara alusión al saldo en este campo que legó el gobierno del panista Felipe Calderón.
El llamado presidencial no es un asunto menor, me parece, en particular cuando el telón de fondo del mensaje peñista se tiñe de rojo por los hechos de violencia salvaje que en las últimas horas se han registrado en los estados de Tamaulipas, hace tiempo rebautizado como Mataulipas, y la entidad de Puebla, muy cercano como se sabe a la capital mexicana.
“2017 nos presentó un desafío mayor: los índices de criminalidad en diferentes entidades nuevamente empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan’’, aceptó Peña durante la clausura de la 52 reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Peña juzgó inadmisible una involución en materia del combate al crimen e instó a hacer ‘‘esfuerzos propios mucho más decididos y comprometidos, que vayan más allá de mantener una inercia’’ en la operación de sus cuerpos del orden y modernizar real, genuina y auténticamente a las policías y a los órganos de procuración de justicia.
Sobra reiterar hechos de casi todos conocidos en las últimas horas en entidades como Puebla y Tamaulipas. Lamentablemente, ese tipo de hechos criminales rebasan con mucho a los dos estados y abarcan buena parte de la geografía mexicana.
Hasta ahora, Peña y su gobierno habían podido defender de alguna manera su gestión en este campo. Pero lo cierto es que por cada avance que pudiera registrarse en la guerra contra el crimen, éste parece multiplicarse como hiedra incontenible.
Peña hizo ver a los gobiernos locales que no corresponde de manera permanente al gobierno federal asumir la tarea, casi ciclópea, de dar seguridad a los gobernados. “Es una tarea o cooperación temporal, y de ninguna manera pretende sustituir lo que está en la responsabilidad de los gobiernos locales”, argumentó el mandatario.
Insistió en que el aparato federal aportará las capacidades de que está provisto, pero lo hará ‘‘de manera subsidiaria, temporal y nunca pretendiendo sustituirnos en la tarea que tienen autoridades locales’’. El llamado fue claro, quizá por la urgencia que plantea el creciente crimen organizado.
El exhorto de Peña hace pensar en la urgencia que enfrenta el estado de garantizar la seguridad de los gobernados y en el tamaño del desafío que parece al menos a ratos doblegar al estado mexicano para desgracia nacional.
¿Qué hacer? Al menos dos cosas urgentes. Una consistiría en apretar las tuercas del aparato institucional responsable en línea directa del combate al crimen, donde parecen anidan muchos tentáculos criminales, y otra, valorar de inmediato la declaratoria de un estado de urgencia nacional contra el fenómeno del crimen, frente al cual, insisto, parece a ratos languidecer de manera muy peligrosa el propio estado nacional, al grado de que obliga al presidente a lanzar un sos. Cuidado.
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