Más de 120 mil muertos es el legado para el país de la denominada política anticriminal de Felipe Calderón cuando ocupó Los Pinos. La misma política que avaló sin chistar y menos contener Margarita Zavala, esposa de Calderón y quien ahora con un cinismo absoluto se atreve a soñar con la presidencia de México. Oigan, como el cómico Héctor Suárez decía: ¿Pues qué nos pasa?
La cifra de muertos en el sexenio calderonista de tan desafortunada memoria se acercó de hecho a los 121 mil, conforme cifras nada menos que del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es decir, se trata de números oficiales.
Las cifras que arroja una política prácticamente idéntica durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son casi similares. La diferencia acaso es que en este gobierno, el tema del combate al crimen organizado pasó a un tercer plano en el discurso oficial. El presidente Peña Nieto alude rara vez a la política contra el crimen. La práctica ha funcionado más bien que mal. Peña Nieto no aparece desgastado por la instrumentación de esta política aún cuando no haya una variación o reenfoque de fondo.
En la escena pública, sin embargo, los choques armados, los cadáveres y la violencia siguen en auge, tanto que hay momentos en que el Estado parece más que rebasado en el uso legítimo de la fuerza.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que sólo en los primeros cuatro meses de este año fue roto el récord de homicidios registrados en el país, al alcanzar 7 mil 727 casos entre enero y abril, 392 casos (5.3%) más que en 2011, el año más violento.
Recién en abril último y conforme el SESNSP, México registró mil 948 homicidios dolosos, contra 2 mil 25 homicidios dolosos en marzo; mil 826 en febrero y mil 928 el primer mes de este año.
El asesinato hace tres días de 15 presuntos criminales en Las Varas, Chihuahua, es apenas un pálido reflejo del auge criminal en el país.
En Veracruz, al menos 17 personas fueron asesinadas la última semana de junio en los municipios de Cardel, Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Las Choapas, Cosoleacaque y Moloacán, entre ellos dos policías federales, incluyendo el coordinador estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné.
Cuando escribo estas líneas se da cuenta de un motín carcelario, uno más, que ya había costado la vida de casi 30 personas en un penal de Acapulco. Nada nuevo pero si cada vez más trágico en las cárceles de México, los mismos infiernos de siempre, reductos de la peor barbarie humana y elevadísima corrupción. Los mismos infiernos que Calderón operó como parte de su lucha anticrimen, un fracaso total que impuso al país costos absolutamente criminales.