Vivimos en la ciudad de México a la buena de Dios, pero el diablo parece estar
ganando la batalla cobijado por autoridades francamente ineptas, una forma de corrupción dicho sea de paso ahora que estamos esperando que se cumpla la promesa presidencial de barrer este fenómeno de arriba hacia abajo como las escaleras.
Estamos con hartas ganas de ver que se enderecen las cosas de la justicia, que se combata al crimen, que se abata la impunidad, que se profesionalice a las policías, los Ministerios Públicos, que se limpien las cárceles de tanta transa y componenda para que dejen de operar como florecientes centros de negocios en donde participan los cogollos o las roscas más corruptas del sistema penitenciario nacional.
En pocas palabras, queremos los mexicanos –fifis o no fifís, que es lo de menos- que se ponga un freno al menos al daño institucional, sí, institucional que sufrimos muchos mexicanos cada vez que acudimos a reclamar justicia ante hechos que resultan en graves daños patrimoniales, y peor aún, en pérdida de vidas.
Digo esto a propósito del asesinato del estudiante universitario Norberto Ronquillo, un muchacho que estudiaba en busca de construir un futuro en este país, tan humillado, lastimado y profundamente herido.
También escribo esto para insistir a la señora procuradora de justicia de la ciudad de México, Ernestina Godoy, que haga ya algo y mientras más rápido mejor para invertir el binomio que impera hoy en la capital del país. Me explico: hoy la delincuencia organizada, las mafias pues, opera, actúa, roba, daña, usurpa identidades, defrauda y más, con mucha mayor rapidez y eficacia que el aparato llamado de justicia capitalina. Y no me venga a decir la abogada Godoy que todo es culpa de las administraciones pasadas, no. Ese argumento ya no es comprable ni éticamente válido. Asumieron sus puestos y/o responsabilidades para hacer una diferencia. Para dar resultados, pues.
Tampoco venga a decirme la señora Godoy que desconocía el tamaño del crimen en la ciudad de México. Aceptar ese argumento debería derivar en un juicio de responsabilidad pública y/o política porque se viola la ley por omisión y/o por acción, hasta donde sé, y es inconcebible en términos éticos y aún jurídicos asumir un cargo público –el que sea- sin tener clara la responsabilidad que entraña y los resultados que deben darse. Más todavía cuando se trata de asuntos públicos y tan delicados como es el tema de la seguridad ciudadana.
El asesinato del joven Ronquillo es sólo uno más, así la señora Godoy lo califique de “atípico”. ¿Atípico? Ojalá nos diga cuáles son las características que hicieron de este caso uno de índole atípica, y muy pronto. Lo que ya dejó de ser “atípico”, me parece, es que el hampa esté ganando la batalla en la ciudad de México y afectando a miles y podría decir millones de ciudadanos en su patrimonio y su integridad física en buena parte por la negligencia, irresponsabilidad y hasta complicidad de autoridades, a las que en lugar de pagarles sueldos, protección y otras canonjías, deberíamos cobrarles un impuesto por su ineptitud.
Cifras del Observatorio Nacional Ciudadano que circulan estos días indican que los delitos de alto impacto están en franco e indetenible ascenso, como el secuestro, que entre enero y abril creció 77% en relación con igual periodo de 2018.
Otros delitos al alza en la capital mexicana incluyen homicidios, secuestros, extorsión y robo de vehículos en el primer trimestre de 2019.
La ONG Semáforo Delictivo dijo que de enero a marzo de este año las extorsiones aumentaron 127%, los robos a negocio 62%, los homicidios 48%, los robos de vehículos 46% por ciento y la venta de drogas al por menor 31%. ¿Qué hacemos? ¿Echarle la culpa al pasado? ¿Decir que es atípico?