En Baja California, la ley “bonilla" siembra dudas sobre el verdadero trasfondo
de una decisión legislativa para prolongar tres años el mandato constitucional del gobernador electo. En Tabasco, al otro extremo del país, los guardianes de Morena en el Congreso local aprobaron lo que ya se conoce como “la ley garrote”. Ambas acciones legislativas coinciden al parecer en un cierre de pinzas que concita dudas, temores y agria a la Cuarta Transformación (4T). ¿Coincidencia? Quizá, pero los malillos de siempre elucubran y tejen todo tipo de teorías, más aún porque –hacen ver- están en juego dos temas críticos para el presidente López Obrador.
¿Qué cuáles? Uno entraña la consulta que se pretende instituir para determinar la revocación del mandato presidencial, pero también y por la misma vía, la permanencia en el poder. Dicen los que saben que en política no hay casualidades, sino causalidades, y que los políticos pueden ser todo, menos ingenuos. Otros creen que quien hace la ley, alista la trampa.
El ciudadano medio es un poco más proclive a pensar, a informarse, a debatir incluso, pero la gran masa ciudadana de mexicanos es mucho más pragmática que todos los demás segmentos poblacionales. No elabora demasiado, otorga sus adhesiones sin medir demasiado sus consecuencias, tiende a pensar que un bolillo bien vale un voto, y cualquier monto de efectivo resuelve más, mucho más que un buen discurso, programa, diagnóstico o ideario. Es normal. Así ha sido la historia del país y sobran las evidencias. ¿Recuerdan al PRI de la torta y el chesco? Pero lo mismo han hecho todos, incluidos los almidonados panistas y los populares chairos. Después de todo, las elecciones cuestan muchos billetes, aquí y en China.
Así que en esas andamos. Tratando de averiguar cuáles fueron las motivaciones profundas detrás del “bonillazo”, una vergüenza nacional en un país que hizo una revolución en aras del sufragio efectivo y la no reelección. ¿Fue casual la ley Bonilla? Pregunten a los legisladores de Baja California, que es de suponer con antecedentes más que sobrados que hoy festejan el crecimiento de su peculio.
Recién en la víspera, el partido Movimiento Ciudadano expulsó de sus filas al diputado que en el Congreso de Baja California votó a favor de extender de dos a cinco años el mandato del morenista Bonilla.
Montoya Gaxiola aguantó la expulsión, conforme la página del Congreso estatal.
Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, confirmó la expulsión, y pidió que el gobernador Francisco Vega promulgue la reforma, para que se pueda impugnar ante la Suprema Corte de Justicia la llamada “Ley Bonilla”, que de acuerdo con consejeros electorales y políticos de oposición a Morena es inconstitucional.
Este jueves 1 de agosto el nuevo Congreso tomará posesión y tendrá mayoría de Morena; le hacemos un llamado enérgico para que publique el decreto y podamos impugnar la #LeyBonilla. De otra manera, se prestarían a la mayor farsa electoral antes vista en Baja California”, dijo en twitter.
Al parecer, el PAN en Baja California también inició un procedimiento para expulsar a los diputados que respaldaron la “ley Bonilla”.
Al presidente de la República, que se niega a hablar de la #LeyBonilla por ser un “asunto local”, le pedimos que no olvide a Francisco I. Madero ni a su lucha. Hoy, frente a la situación en Baja California, actualizamos su lema: “Sufragio efectivo, no a la ampliación”, dijo Castañeda. Se verá.
En Tabasco fue aprobada igualmente la iniciativa del gobernador Adán Augusto López Hernández para que las penas sean más severas y crezca incluso el ámbito de aplicación en caso de protestas o acciones que pudieran implicar chantaje o extorsión mediante el bloqueo de vialidades o el entorpecimiento de la construcción de obras públicas o privadas.
Con este andamiaje jurídico, se prevé que la fuerza pública actúe contra aquellos que rechacen obras de infraestructura como por ejemplo la refinería de Dos Bocas. ¿Casualidad también? ¿O puritita causalidad?
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@RobertoCienfue1