Fracaso es el calificativo y no otro, al tema de la Guardia Nacional, ya a un año de su constitución, cuando entraron en vigor las leyes que reglamentan su actuación y
cero avances en el combate de la inseguridad y la violencia en el país y ahora ante los resultados la confirmación por decreto de la militarización de la seguridad pública
Entre las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador que más hondo calaron en el ánimo del electorado destaca aquella de regresar al ejército a los cuarteles, condenando la estrategia Calderonista.
Difícil debió ser aceptar la decisión de darle atribuciones de policía a las fuerzas armadas, que tanto descalificó y aceptar que el fuego solo puede combatirse con fuego.
¿Cómo aceptar que las becas para los jóvenes sin estudios y los “abrazos no balazos”, no sirvieron de nada para evitar que el crimen organizado se siga extendiendo territorialmente y las plazas se sigan tiñendo de rojo?
El despliegue de más de 80 mil elementos de la Guardia Nacional ha sido insuficiente para frenar una violencia que tan solo en marzo pasado dejó un saldo de dos mil 585 homicidios dolosos en todo el país, la cifra mensual más alta en lo que va del actual gobierno.
Y aunque el ordenamiento publicado en el diario oficial de la federación el pasado 11 de mayo dispone que los militares realicen acciones de prevención, lo cierto es que tarde o temprano tendrán que toparse con los grupos criminales que mantienen asolada a la sociedad.
Ahora por decreto, de aquí al final del sexenio, tendremos soldados fuera de sus cuarteles, patrullando las calles de México, subordinados a una autoridad civil. ¡Sí, claro!
Desbordado por el crimen organizado hoy, las fuerzas armadas vuelven a ser la última línea de resistencia contra el crimen.
Hoy están haciendo lo que rechazaron en el pasado.
¿Lavada de manos?
También esta semana el gobierno federal presentó el Plan de Regreso a la Nueva Normalidad, tres etapas, un semáforo de cuatro colores y cinco categorías que deben conducirnos a una salida adecuada de esta pandemia.
“el plan es de aplicación voluntaria, primero, confiando en la responsabilidad de la gente, y también garantizando las libertades. Si hay una autoridad municipal, estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos. El plan, aunque ha sido consensado en lo general, también admite la discrepancia, el derecho a disentir”.
Palabras del presidente y para mí un lavado de manos, esto es: "Ahí les dejo el plan" y si no lo llevan a cabo ya no será mi responsabilidad.
@ramirezpaco