La marca Bienestar se extiende peligrosamente en México, donde el gobierno está intentando a toda costa asumir el control de todos los resortes que mueven al país, con buenos dividendos políticos pero nulos resultados prácticos.
Hoy, el tema es el gas doméstico y sus elevados costos, que, efectivamente, ameritan la atención urgente del gobierno.
Desde Palacio Nacional siguen tomándose decisiones populistas, pero sin sustentos sólidos para llevarlas a buen puerto. Ejemplos sobran: el Banco del Bienestar, responsable de dispersar recursos a los pobres; los propios Programas del Bienestar, con reglas de operación opacas. También están las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”, de tan ínfima calidad académica, que ni reconocimiento de Educación Pública alcanzan. Conocemos el fracaso en las operaciones de compra-venta de medicamentos a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar.
En todos los casos, hemos atestiguado que para solucionar un problema se genera otro mayor. Y hoy se suma el gas.
Si bien es cierto que existen monopolios en este mercado y que resulta urgente frenar el alza que golpea la economía doméstica, la solución se plantea más como una ocurrencia, que como una estrategia de Estado. Efectivamente se requiere la mano del Gobierno para poner un freno en los altos precios del gas, que en lo que va del sexenio ha sufrido un incremento de 21% entre enero y junio del año en curso.
Consciente de que se trata de un compromiso de campaña aún no cumplido, el Presidente anuncia la creación de Gas Bienestar, que busca crear más competencia en el mercado de distribución del gas L.P. para revertir el alza en el costo del combustible, en apoyo a las clases más necesitadas.
Se trata de una empresa que regulará Petróleos Mexicanos y que competirá con las actualmente constituidas. El compromiso presidencial es crear su gasera en tres meses. Pero, de dónde saldrán los recursos para las instalaciones, la extracción, las pipas, cilindros y el traslado del gas, con dinero no contemplado en el presupuesto federal.
¿Tiene la empresa productiva del Estado la capacidad de producción que requiere el país para todos los mexicanos? O como dice el Presidente, solo alcanzará para venderlo en las colonias populares.
¿Toda la responsabilidad de los incrementos radica en las gaseras que operan en México? No, En todo el mundo, los precios están subordinados al mercado internacional.
Nadie puede tener un control interno en el precio del gas, ni siquiera Estados Unidos, que es autosuficiente. El Gobierno mexicano quiere poner una solución local a un problema global, en aras de tener contento al electorado.
Además, hay que puntualizar, México importa alrededor del 75% del gas LP que consume y Pemex provee el 25% restante. La mitad la produce y la otra mitad la importa, lo que le implicará mayores costos y si quiere vender a precios populares o “justos” como quiere, tendrá que recurrir al subsidio. Por ejemplo, comprar en 10 pesos para vender en 5, absorbiendo Pemex como lo hizo con las gasolinas las pérdidas.
Cierto, el alza en los precios le pega y duro, a la economía de los mexicanos, pero se requiere de soluciones más que populistas, financieramente viables, que no signifiquen una bomba de tiempo para futuras administraciones y sobre todo que no por querer poner fin a los monopolios privados, se cree un monopolio del estado que lo controle todo.