Por cuarto sexenio consecutivo, el Estado mexicano está perdiendo la guerra contra el crimen organizado, sin que se vea un mínimo de esperanza para alcanzar la pacificación del país.
Ante los abrazos, los balazos la tienen ganada y por mucho.
Un promedio de más de cien homicidios dolosos al día, masacres, recrudecimiento en la crueldad de la violencia, desapariciones en ascenso, asesinatos de activistas y periodistas.
Otra expresión de la inseguridad es la guerra entre cárteles del narcotráfico por territorios. Principales responsables de los más sangrientos enfrentamientos en una guerra interminable.
Apoderándose del país, ahí están el Cártel de Sinaloa, de los hijos de “El Chapo” Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación; los Zetas; el Cártel del Golfo; y el Cártel de Santa Rosa de Lima, por citar a los más peligrosos de México.
El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VanHerck, comentó apenas en marzo pasado, que los cárteles del crimen organizado transnacional controlan el 35 por ciento del territorio mexicano, cifra que hoy podría haberse incrementado: pugnas en Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Colima y Zacatecas, dan cuenta de una escalada solo posible gracias a la impunidad con la que operan.
Con su narrativa, el gobierno escogió la vía de atacar las causas que generan la violencia, con la idea de repartir becas que saquen a los jóvenes de la pobreza y no se vean tentados por el crimen organizado para engrosar sus filas. Pero lo cierto es que estos grupos siguen ganando fuerza y poder.
Creó la Guardia Nacional, constitucionalmente civil, pero con todas las características de una división de las fuerzas armadas y sin resultados evidentes. Cada vez que se habla de logros de la Guardia Nacional, se destaca la construcción de más y más cuarteles y del crecimiento de la tropa, hoy ya en cien mil elementos.
Muchos, sí sin duda pero, operativamente ¿Qué hacen?, llegan solo a hacer presencia en los lugares de conflicto pero sin meter las manos, con la instrucción de no abrir fuego y los deja como blancos fáciles de los sicarios y hasta la burla y humillación de los propios ciudadanos.
El primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, recibió el país con dos mil 440 homicidios dolosos, en diciembre de 2018, el mes más sangriento desde 1997. En los 30 días de octubre de 2020, fecha en que dejó el cargo, se reportaron dos mil 944, el quinto mes más violento de ese año.
Al quite entró Rosa Icela Rodríguez, cuya gestión no ha revertido ni el homicidio ni el feminicidio. Tan solo en mayo pasado el número de asesinatos se ubicó en dos mil 963 en mayo, el mes más violento del año en curso.
En lo que va de la presente administración han sido asesinadas en el país, al menos, 91 mil personas con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ante la inseguridad y la violencia que ha provocado miles de desplazados aparecen las autodefensas, como el autonombrado “Los Machetes” en Chiapas y con lo que el presidente dejó en claro no está de acuerdo, fustigó que no se puede utilizar como excusa la inseguridad para la conformación de civiles armados.
Es una expresión de la lucha entre grupos políticos caciquiles de la zona, o bien, delincuentes armados que buscan cometer ilícitos.
Hay que ver de dónde obtienen las armas, de dónde sacaron esas armas.
Destacó que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y la tranquilidad de la población. Entonces la pregunta obligada: ¿Cuándo se cumplirá esa responsabilidad?