Mucho se ha hablado de la reforma al Sistema Penal en México, la cual será presentada en cualquier momento la
Fiscalía General de la República; se ha criticado al modelo, se ha dicho cuales son los Derechos Humanos que se violentan e, incluso, se han dado propuestas; pero, ¿Se estarán haciendo esfuerzos en vano cuando el verdadero problema en México es la corrupción?, es decir, ¿Con altos índices de corrupción en México, se podría resolver el problema de impunidad e inseguridad mediante una reforma al sistema penal?
No debemos perder de vista que, de acuerdo al informe que emitió en el mes de enero del 2020, Transparencia Internacional ranquea a México en el lugar 130 de 180 países con 29 puntos de 100, solamente por arriba de países como Somalia, Zimbabwe, Venezuela, entre otros. https://www.transparency.org/cpi2019
De acuerdo a la OCDE “El clientelismo, la baja calidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses, la informalidad en el financiamiento político y las brechas en las regulaciones de lobbying pueden resultar en políticas sesgadas en favor de intereses particulares y en una mayor percepción de corrupción”. https://www.oecd.org/gov/integridad/ficha-pais-integridad-mexico.pdf; por tanto, México sigue siendo el país más corrupto de la OCDE.
De acuerdo a MSN la fortuna del Chapo Guzmán llegó a valer 5 mil millones de dólares. https://www.msn.com/es-xl/noticias/fotos/los-10-capos-m%C3%A1s-ricos-del-mundo/ss-AAqiHzc#image=23
Con las cifras antes indicadas, analicemos un poco la norma en materia penal y administrativa disciplinaria en corrupción: Artículo 224 del Código Penal Federal: Enriquecimiento Ilícito, la pena mínima 2 años y la máxima 14 años, prescripción 8 años y el procedimiento abreviado 1 año 4 meses. Por supuesto que Diputados, Senadores, Ministros de la Corte, Magistrados y todos los Servidores Públicos por elección popular cuentan con fuero; y los últimos con derechos políticos electorales, por lo que esta normas no los alcanzan.
Falta administrativa grave de cohecho: artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, prescripción 7 años, inhabilitación de 1 año a 10 años.
¿Cómo se recuperan activos? Con procedimientos de cuentas que violentan derechos humanos desde la notificación del bloqueo; casi nula recuperación de activos a través de sentencias ejecutoriadas.
Resultado: ningún sujeto setenciado por corrupción en enriquecimiento ilícito y “exoneraciones” por autoridades administrativas por considerar que no existen hechos de corrupción.
Pero ¿Qué significa que en un país haya corrupción?, ¿Cuáles son las consecuencias de un país corrupto? Sin importar el sistema penal de que se trate, la impunidad y la violación de derechos humanos es sistemática, pues los servidores públicos investigados por corrupción o los que cometen actos de corrupción sin ser investigados pueden realizar grandes negocios a cambio de sentencias cortas y con grandes contraprestaciones económicas; aunado a que se conforman organizaciones delictivas poderosas económicamente a nivel global, en las que la corrupción permite su florencimiento: Trata de personas, secuestro, narcotráfico, entre otros.
El aceptar un sistema penal que le otorgue omnipresencia a la Fiscalía, que permita la obtención de prueba ilícita, en el que el Juez puede investigar y sentenciar al mismo tiempo, y, que además, la prisión preventiva oficiosa sea la prima ratio, en un país como México, en el cual no hemos resuelto el problema de corrupción y que la delincuencia organizada sobrepase al Estado, por lo menos económicamente, es de gran peligro, pues la impunidad y la corrupción pueden fabricar fácilmente delincuentes; pueden eliminar a través de la prisión a los disidentes políticos y puede perpetuar en el poder a una dictadura.
El nuevo sistema penal debe dirigirse al combate a la corrupción, a conformar equlibrios de poder entre sus diversos actores; debe invertir capital en la funcionalidad del actual derecho penal de excepción que combate a la delincuencia organizada; debe permitir y dar la seguridad suficiente para que la víctima y el abogado defensor denuncien y procesen a jueces y fiscales corruptos.
Mientras el Estado Mexicano no dirija sus esfuerzos a un real combate a la corrupción; cualquier sistema penal (inquisitivo, acusatorio, con derechos humanos o sin ellos) tendrá como resultado final impunidad y más corrupción; así como la eliminación del disidente político.