El presidente Enrique Peña Nieto firmará y enviará hoy al Congreso un paquete de iniciativas en materia de justicia y desarrollo, entre las que destaca la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, mediante la cual puede incluso disolverse un ayuntamiento, si hay indicios suficientes de encontrarse en esa situación, como ocurrió en Iguala.
El conjunto de reformas que propondrá hoy el titular del Ejecutivo tiene tres ejes básicos: uno en materia de seguridad y justicia, otro el combate a la corrupción y la impunidad, y el último el fomento de desarrollo incluyente para el sur del país, aunque esta última se conocerá hasta febrero de 2015.
El pasado jueves 27 de noviembre el primer mandatario presentó en Palacio Nacional 10 medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho en México, y anunció que hoy serán enviadas al Congreso.
La primera será una iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso para expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.
La segunda estará encaminada a redefinir por completo y dar claridad al sistema de competencias en materia penal, a fin de que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito.
La tercera iniciativa, también de carácter constitucional, será para establecer las Policías Estatales Únicas, lo que permitirá un cambio de modelo policial que “permitirá pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, confiables, profesionales y eficaces”, señaló la Presidencia de la República.
El cuarto punto acelerará el establecimiento de un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional, que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz, para pedir auxilio en casos de urgencia. Se buscará que este número sea el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial.
La quinta iniciativa Impulsará el establecimiento de la Clave Única de Identidad.
La sexta medida anunciada fue la instrucción para la realización de un Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente, ampliando el despliegue de las Fuerzas Federales en municipios de Guerrero y Michoacán, así como un mayor respaldo de las fuerzas federales para los municipios que lo requieran, en los estados de Jalisco y Tamaulipas.
En el próximo periodo ordinario de sesiones, el Presidente enviará al Congreso una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana, refiere la séptima medida.
La octava, en materia de derechos humanos, es un conjunto de acciones que incluyen una iniciativa para facultar al Congreso a expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, y fortalecer los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
Para el combate a la corrupción, y como novena medida, será el respaldo del Ejecutivo al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, que se discuten en el Congreso.
Con la décima y última medida se fortalecerán los principios de Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal, por lo que se instruyó a la Secretaría de la Función Pública a desarrollar un portal de información sobre los proveedores y contratistas de todo el gobierno de la república.