Controversias constitucionales, fallas en la centralización de la nómina magisterial, ausencia de sanciones para profesores que se han ausentado de las aulas y, ahora, la suspensión de los exámenes para ganarse una plaza, son los cuatro obstáculos de los
gobiernos federal y estatales que han impedido el avance de la reforma educativa, la primera gran enmienda estructural impulsada por la actual administración y de la que se dijo sería la más importante de todas. Desde antes de su promulgación, ocurrida el 25 de febrero de 2013 en Palacio Nacional, la reforma educativa enfrentó manifestaciones y protestas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que exigía primero que no se aplicara y ahora su derogación. De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, la primera traba fue que ocho congresos locales no armonizaron las leyes de sus estados para poder aplicar la reforma educativa. Además, el presidente Enrique Peña Nieto interpuso igual número de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Chiapas, Sonora, Michoacán, Oaxaca, Baja California, Zacatecas, Morelos y Baja California Sur, a los cuales demandaba que armonizaran sus leyes efectivamente para poder implementar la reforma. Después, a raíz de que entró en operación el 1 de enero de 2015, el sistema de centralización de la nómina magisterial presentó fallas en su implementación cuando menos en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Baja California Sur, Baja California y Jalisco, donde los maestros salieron a protestar porque derivado del nuevo sistema no se les pagaron las primeras quincenas del año. Otro propósito del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) era que la Federación controlaría el pago de la nómina para evitar que los recursos para operar la educación fueran utilizados para otros fines, como pagar aviadores o comisionados sindicales, práctica que no ha desaparecido de acuerdo con los propios registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Después vino el incumplimiento al artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), que exige el despido de los profesores que se ausenten de clases de manera injustificada tres días del mismo mes. Esto ocurrió entre el 9 y el 11 de febrero de 2015 cuando más de 80 mil profesores oaxaqueños -apoyados por la CNTE de Michoacán, Guerrero y Chiapas- faltaron al trabajo en protesta por la reforma y la centralización de la nómina. Aunque marcharon en el DF esos tres días, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) no reportó las faltas y la SEP no ordenó las sanciones. El obstáculo más reciente se dio el viernes pasado, cuando la SEP informó en comunicado de un párrafo la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior. La medida ocasionó la reacción del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), quien exigió al gobierno federal que eche atrás su determinación, la cual califica de “injustificada”, que atenta contra la Constitución, vulnera la reforma educativa, invade la competencia del INEE y su autonomía constitucional. “(Quienes) no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico- pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley (…) la suspensión anunciada por la SEP no solo vulnera la legalidad de la reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016”, respondió el INEE. Hasta el momento la SEP no ha respondido a la ola de críticas encabezadas por el INEE, seguido de organismos de la sociedad civil y el sector empresarial. Hacia el cierre de esta edición, personal de prensa de la dependencia señaló que aún no se tenía información nueva y se desconocía si se emitiría algún comunicado en respuesta.