El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) consolidó en 2016 cambios institucionales e impulsó la armonización legal en diversos estados para la protección de los derechos de los menores.
El Sistema permitió la instalación de los 32 sistemas estatales y 878 municipales en todo el país, así como la creación de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, 32 procuradurías estatales y 948 oficinas de atención a nivel municipal.
Como resultado de la promulgación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en diciembre de 2014 se publicaron 32 leyes estatales de protección, armonizadas a esta norma, destacó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.
Además 22 entidades armonizaron sus códigos civiles o familiares para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, para no exponer a niñas y adolescentes a la violencia física y sexual, así como a los embarazos a temprana edad.
También se impulso la aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
En políticas públicas destacó la aprobación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) 2016-2018 que establece cinco objetivos, 33 estrategias y 237 líneas de acción para toda la Administración Pública Federal que coordinan 35 instancias de gobierno.
Se aprobó la política 25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, impulsada por el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong.
Lo anterior en el marco de las acciones para garantizar los derechos de cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México, que equivale a un tercio de la población total del país.
Esa política se conforma por 25 objetivos a cumplirse en 2025, a través de la adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a metas específicas para los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
En el marco de los acuerdos aprobados por el Sistema se instalaron las comisiones de secretarías ejecutivas de los sistemas Nacional y Locales para el seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, de Desarrollo Infantil Temprano, de Protección Especial y la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Asimismo el Sistema aprobó los lineamientos generales para garantizar la participación de este sector poblacional en la toma de decisiones, a través de los cuales se ha tomado en cuenta la palabra de la niñez y la adolescencia en procesos como el del nuevo modelo educativo.
Para 2017 plantea retos y metas específicas para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, poderes públicos, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en su conjunto, para garantizar plenamente el interés superior de la niñez como máxima prioridad dentro del sistema de derechos humanos del Estado mexicano.
El Sistema lo encabeza el Presidente de la República y participan 10 dependencias federales, los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, dos organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial, y las asociaciones de municipios legalmente constituidas.
Aunado a lo anterior se conformó el Consejo Consultivo del SIPINNA, integrado por 20 personas cuya actividad laboral o académica sobresale para el impulso y asesoría en las decisiones que asuma el sistema nacional.