La apuesta al olvido y la memoria corta es evidente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la
opacidad y el menosprecio a la Justicia es patente, ni Rosario Piedra Ibarra, Dolores Padierna, Ernestina Godoy, Francisco Chiguil, Nashieli Ramírez Hernández y la cuarta transformación, conformada por morena, tienen la menor intención de remover el pasado, que inevitablemente llevaría a desenmascarar al jefe de la pandilla.
En 2008 fallecieron 12 personas y 16 resultaron heridas en un fallido operativo.
Los responsables siguen impunes.
Este 20 de junio se cumplieron 12 años de la tragedia del New's Divine, y aún no hay justicia para los deudos de los 12 jóvenes y policías fallecidos, pues el juez que había ordenado iniciar de nuevo las investigaciones, fue destituido en este gobierno de la #4T.
Durante la audiencia del 26 de febrero de 2019, el juez del Sistema Procesal Acusatorio, Ángel Aarón Cámara Atristáin, exigió una amplia investigación e imparcial a fin de hacerle justicia a las víctimas del Nesw´s Divine.
De manera particular se refirió al alcalde de Gustavo A. Madero Francisco Chíguil, como responsable de haber firmado la reapertura de la discoteca clausurada por su antecesora Patricia Ruiz Anchondo.
Sin embargo, el 17 de mayo de 2019, el juez Ángel Aarón Cámara Atrinstaín, fue removido del caso, según consta en el oficio CJCMX-SG-PL-8333/2019 girado al impartidor de justicia por Zaira Liliana Jiménez Seade, secretaria general del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. El argumento fue por “necesidades del servicio”.
Rafael Guerra Álvarez, el actual presidente del Consejo de la Judicatura en la capital del país, es también presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y quien hace 12 años fue el juez que llevó el caso del New´s Divine.
En la fecha citada del 26 de febrero de 2019, el juez dejó sin efecto la petición del no ejercicio de la acción penal contra Chiguil por parte de la Fiscalía de la Coordinación de Ministerios Públicos Auxiliares de la entonces procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy, hoy Fiscal General de Justicia.
Luego de tres horas de la audiencia y después de escuchar los argumentos de la defensa de las víctimas, el juez revocó las autorizaciones del no ejercicio de la acción penal acordadas en las carpetas de investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/2313/06-2018 y CI-FSP/B/UI-B-3 y C/D2314/06-2018.
A dicha audiencia acudieron la defendida de Castillo Guerrero, Claudia Martínez Alcalá en representación de su hija Jennifer Jiménez Martínez –quien usa silla de ruedas desde la tragedia-; Martín Rocha Sánchez, en representación de su menor hija y occisa Erika Janeth Rocha Maruri, así como la defensa del implicado Francisco Chiguil –vía la procuraduría capitalina- los fiscales Francisco Moreno Vázquez y María del Carmen Fernández Trejo.
De la audiencia se desprendió que la petición del juez de realizar desde cero una investigación del caso, se enmarca en total respeto al Sistema de Justicia Interamericano de Derechos Humanos y del cual México forma parte.
Lo anterior considera la actualización de “violaciones graves a los derechos humanos” de las víctimas respecto de los hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en la discoteca bar denominada “New´s Divine”, por los delitos de homicidio, lesiones, uso indebido de facultades y atribuciones, ejercicio ilegal del servicio público y corrupción de menores, y lo que resulte a raíz de las correspondientes investigaciones.
Cámara Atristáin ratificó que uno de los investigados en las carpetas señaladas es Francisco Chíguil Figueroa, quienes actualmente ocupan el cargo de alcalde de Gustavo A. Madero.
“Las investigaciones de mérito deberán realizarse en forma amplia, es decir, además de las personas indicadas y cada una de las que pudieran resultar responsables por la comisión de un delito”, ordenó en aquella fecha el citado juez.
A horas de emitido el veredicto, el 28 de febrero el juez envió los oficios respectivos al presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo; a la procuradora general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández de militancia morenista. Pero a la fecha han hecho caso omiso.
En los oficios enviados, Ángel Aarón Cámara exigió tomar las medidas que consideraran necesarias para garantizar una investigación transparente y en igualdad de circunstancias de las víctimas directas e indirectas frente a los investigados por los sucesos de la discoteca “New´s Divine”.
Cámara Atrinstáin, fue enfático: “En otras palabras, para evitar que por el simple hecho de tratarse de servidores públicos, pudieran eventualmente generarse obstáculos para hacer efectivos los derechos fundamentales de las víctimas, así como las garantías correspondientes para hacerlos efectivos”.
Durante más una hora la defensa de las víctimas, fundamentó la impugnación del no ejercicio de la acción penal en contra del alcalde Francisco Chíguil, solicitada por los fiscales dependientes de la oficina particular de Ernestina Godoy.
Según la intervención del abogado, la nueva óptica del Sistema Penal Acusatorio, indica que todos los delitos y toda la actuación del Ministerio Público deben verse a la luz de los derechos humanos, motivo por el cual los delitos que nacen a raíz de violaciones cometidas a derechos humanos son imprescriptibles.