De vergüenza y pena ajena el ver todos los días la ida y la vuelta de los derechoshabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para ver si ya han llegado los medicamentos que les recetaron los médicos para su enfermedad, que en la mayoría de los casos, pasan dos o tres meses sin recibir las prescripciones, ya que no hay suficiente dotación en las clínicas y que al final, al igual que la pandemia, lleva a la muerte a los más necesitados y desprotegidos de este País.
Prácticamente desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, recortaron los presupuestos del sector salud y se dejaron de comprar medicamentos a los Laboratorios de siempre, encausando las adquisiciones a la honestidad valiente de amigos y proveedores de la Cuarta Transformación, (4T ), que por razones obvias, no contaban con los contactos necesarios para la distribución e importación de los medicamentos de patente, garantizando el abasto necesario y programado a las dependencias de salud federal.
La innovadora política de salud en la 4T (como sucedío con el cierre de ductos para combatir el huachicol) busca desterrar la corrupción en las actividades de compra y adquisiciones del gobierno mexicano, enfrentando la falta de pericia en el tema, propiciando desabasto generalizado en última instancia todo el sector salud, creando desabasto por la demanda irregular, aún en el sector privado.
En el informe completo de Datos abiertos del IMSS se destaca que en diciembre de 2018, el instituto contaba con 68 millones de 200 mil derechoshabientes, sin incluir en esa cifra a 13 millones de 100 mil personas, que no son derechohabientes, pero que han sido afiliados a la seguridad social mediante el Programa IMSS-BIENESTAR, por el que recibió servicios médicos por parte del Instituto un total de 81 millones 300 mil personas, de una población estimada en México de poco más de124 millones de mexicanos. Lo que arroja que el IMSS brinda atención a poco más del 65.56% de la población en México.
En términos de recursos requeridos e impacto poblacional, el IMSS es el mayor prestador de servicios médicos en México. En un día típico del Instituto se realizaron más de 484 mil consultas médicas, de las cuales 53 mil son atenciones por urgencias; se registran 5 mil 600 egresos hospitalarios y 3 mil 900 accidentes quirúrgicos; además, se efectúan más de 785 mil análisis clínicos, esto sin contar la emergencia actual propiciada por la pandemia del Covid-19.
Desde su creación en 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido un pilar fundamental de la seguridad social en el país y del continente. Entre sus responsabilidades y objetivos como una institución tripartita del Estado Mexicano, está el de brindar protección social a los trabajadores del país y sus familias. Es decir, el IMSS no es una institución pública del Gobierno Federal; es un Instituto administrado por el Gobierno Federal que es pagado con recursos aportados por los trabajadores y los patrones, así como con recursos de los contribuyentes en forma tripartita, para garantizar el servicio médico y de salud de los derechoshabientes afiliados al IMSS.
Por tanto, los servicios que brinda el IMSS son servicios prepagados por los trabajadores y patrones, que mediante sus aportaciones, "que no impuestos", garantizan la existencia y viabilidad de la institución al servicio de los trabajadores, ¡más no al servicio del Estado !
Sin embargo, el gobierno federal ha cambiado las reglas del juego y hace creer a la población que el IMSS es una instancia federal que opera con recursos del Estado y que su función es brindar los servicios de salud pública a todos los mexicanos de manera gratuita, otorgando dádivas a los afiliados. quienes podrían estar agradecidos con el Presidente de la República por el otorgamiento de tan preciados beneficios.
Nada más lejano a la verdad, claro que en esta nueva transformación de la 4T, el gobierno tiene otros datos, y por tanto, otra realidad mágica.
Eduardo Ramos Fusther; Vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT), dedicado al periodismo desde 1970, Lic. en Derecho, Lic. en Administración de Riesgos, Seguros y Fianzas. Titular de “El Punto Crítico” en radio y TV. Editor del periódico El Punto Crítico.