Un país como México requiere no sólo de buenas intensiones para que la economía marche al ritmo de su sociedad y para ello necesita de finanzas sanas, pero ante la crisis financiera que vive el actual gobierno hay necesariamente que recurrir al endeudamiento público,
“La deuda pública son los préstamos totales, internos y externos, contraídos por el sector público con el fin de satisfacer sus necesidades de gasto, es un mecanismo para generar obra pública e inversión que no debe ser abusado. La deuda es positiva si se utiliza para financiar proyectos de inversión que no pueden ser financiados por la iniciativa privada pero que generan beneficios para los ciudadanos. Sin embargo, debe cuidarse su crecimiento ya que una deuda demasiado alta genera desconfianza por parte de inversionistas de manera que, si las tasas de interés suben de forma abrupta, el gobierno podría verso incapacitado para pagarla ”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador habría ofrecido que en su primer año de gobierno debería ahorrar por 500 mil millones de pesos y que reduciría el gasto en un 50% del presupuesto aprobado en el último año del presidente Enrique Peña Nieto, que representaría, más o menos, unos 2.5 billones de pesos. Sin embargo esto no ha podido ser cumplido ya que los programas asistenciales representan un gasto gigantesco, mes a mes. Más el costo de las obras emblemáticas de gobierno. Por lo que el Presidente ha tenido que recurrir a la contratación de deuda en forma de colocación de bonos a 10, 20, 30 y 50 años.
Para entender cómo ha evolucionado el nivel de endeudamiento en los últimos 10 años, tenemos que al cierre de 2012, al termino del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el saldo de la deuda neta del sector público cerro en el orden de los 5 billones 352 mil millones de pesos. El presidente Enrique Peña Nietos cerro su sexenio con un incremento de la deuda en un 102,3% dejando un saldo de 10 billones 829 mil millones de pesos, con un incremento de la deuda pública en 2 mil 499 millones de pesos por cada día de su sexenio, llegando a ser un 47% del PIB.
De manera paralela, el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de nuestro país pasó de 16 billones 376 mil millones en el cuarto trimestre de 2012 a 22 billones 513 mil millones en el primer trimestre de 2018, por lo que el saldo de la deuda neta del sector público pasó de representar el 32,7% a ser de 47,0% del PIB. Este último porcentaje se considera como el límite máximo de endeudamiento antes de que se prendan focos rojos respecto a la posición fiscal.
En los dos primeros años del sexenio de López Obrador, la deuda se encuentra en niveles de 63% del PIB con un saldo de 12 billones 281 mil millones de pesos, al cierre del primer trimestre de 2020, que representa un 11.3% de tasa anual de incremento de la deuda pública. Es decir, INEGI reporta un incremento de Mil 452 millones, tan sólo en los primeros 15 meses de gobierno, para el primer trimestre de 2021 se ha contratado deuda por 12 billones 281 mil millones de pesos.
Tan sólo el día de ayer se anunció que el Gobierno de México contrató deuda a 10 años por 2 mil 500 millones de unidades de inversión (UDIS) que aproximadamente vendrían siendo unos 822 millones de dólares, que en pesos mexicanos representan al día de hoy unos 16 mil 686 millones de pesos a una tasa fija anual del 1.75% sobre el valor de UDIS. Lo que terminará siendo una carga del 30% sobre el valor total de la deuda que será pagadero en 10 años con un monto total de Mil 68 millones de dólares al tipo de cambio que llegue a tener la paridad peso-dólar en ese momento. Por lo que lejos de bajar la deuda de los mexicanos, si se sigue en los niveles de endeudamiento que lleva el gobierno actual terminaría el sexenio con una deuda de 25 billones 637 mil millones de pesos, el equivalente a un incremento de 150% de la deuda heredada.
La caída en la recaudación tributaria, el efecto de la depreciación cambiaria en la revaluación de la deuda, así como la desconfianza generada desde el gobierno a los inversionistas y la política de cambiar las reglas de juego, es decir, falta de certeza jurídica, son sólo algunos de los factores que están impulsando esta caída, amén del desplome de la inversión en nuestro país.