El actual es el momento más complicado para la UNAM en toda la gestión del rector Enrique Graue Wichers. Su amigo personal, promovido y protegido por
él mismo hasta llevarlo a la Presidencia del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, ya fue acusado por la Fiscalía General de la República y está a punto de ser vinculado a proceso penal por el juez de control Gustavo Aquiles.
El asunto se vuelve más serio al considerar el delito que le imputaron al presidente del Tribunal Universitario: acoso sexual, contra una estudiante de la UNAM, cuando su responsabilidad es precisamente velar por los derechos y la integridad, física y emocional, de las y los universitarios. Pero es aún más grave cuando se recuerda que la mayor promesa de Enrique Graue como rector fue la modificación de las relaciones de poder entre profesores, autoridades y alumnas, precisamente para garantizar a las mujeres tanto la erradicación de la violencia de género, como seguridad y un trato digno y respetuoso en el campus universitario.
La promesa del rector quedó hecha añicos con el escándalo derivado de la consignación del presidente del Tribunal Universitario. Pero peor quedará el prestigio universitario cuando quede claro que, Lourdes Ojeda, la víctima de Eduardo López Betancourt en este caso, primero presentó su queja en las instancias universitarias, donde no solo fue ignorada olímpicamente; el propio rector, Graue Wichers, nunca accedió a recibirla y tampoco trabajó por una solución negociada entre las partes, para evitar el avance y escalamiento del conflicto hasta donde hoy se encuentra.
Cuando fue denunciado públicamente, López Betancourt le respondió a Lourdes Ojeda con una demanda civil de un millón de pesos por daño moral, y una queja para iniciarle un proceso de expulsión, que la enviaría nada menos que al mismo Tribunal Universitario que él encabeza. Por increíble que parezca, el Presidente del Tribunal Universitario intentó someter a la alumna a su propia jurisdicción para expulsarla él mismo, por haberse atrevido a quejarse de él y señalarlo como acosador. El rector Graue no hizo nada para detener ese evidente abuso de poder. La única razón por la que la víctima no fue expulsada por López Betancourt, fue la intervención del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, que llamó al orden a su decano, lo obligó a retractarse y a reconocer que él, por ser parte en la disputa, no podía juzgar a la estudiante que lo acusaba.
Nunca antes un funcionario de tan alto nivel en la UNAM, tan cercano al rector, se había visto sometida a la amenaza de un proceso penal derivado de sus acciones como universitario.
Nunca antes la UNAM había sido puesta en entredicho de esta forma por uno de sus funcionarios, pues la notoriedad del conflicto ha sido tal, que si el miércoles se vincula a juicio penal a Eduardo López Betancourt, el rector de la Universidad Nacional quedará en entredicho, pero si por alguna razón el juez, Gustavo Aquiles, determinara no vincularlo a proceso penal, el tufo de corrupción y tráfico de influencias será tal que no solo alcanzará al Poder Judicial Federal, podría provocar, en un abrir y cerrar de ojos, el incendio del campus universitario con el resurgimiento del movimiento de jóvenes feministas encapuchadas, quienes no ha dicho nada únicamente porque están en espera de la resolución del juez, pero de ninguna manera han desparecido.