Dulce María Sauri, exgobernadora del Estado de Yucatán, política de probada experiencia, luchadora social,
diputada y senadora de la República, alerta sobre la gravedad de ceder ante la ambición del regimen Lópezobradorista para hacerse del control de las elecciones, así como del poder Legislativo y el Tribunal Electoral. Advierte de la necesidad de actuar ahora y no dejar pasar la oportunidad de manifestar el descontento al retroceso democrático que implicaría el aceptar el que se modifique o desaparezca el Instituto Nacional Electoral (INE).
Declara que; "El domingo13 de noviembre se realizará la primera de las movilizaciones populares en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).
Diversas organizaciones de la sociedad las han convocado para efectuarse en donde haya un puñado de ciudadan@s dispuestos a expresar su descontento con esta pretensión del gobierno.
Conforme pasan los días y se profundiza el análisis de la iniciativa de reforma constitucional enviada a la Cámara de Diputados por el presidente López Obrador, aumenta la zozobra.
Hay un sentimiento generalizado de peligro de inminente retroceso, en particular entre las personas mayores de 50 años.
Hay sentido de urgencia para transmitir a las nuevas generaciones lo que significa el riesgo de retroceder el reloj político, para dejar sus manecillas fijadas en los tiempos de elecciones organizadas por el gobierno.
Había entonces resultados previsibles, bien fuera por la desidia ciudadana que favorecía al PRI, bien fuera por la debilidad de un mecanismo que impedía dar certidumbre en los recuentos de las boletas.
Madurar en la democracia significó abonar a la incertidumbre de los resultados electorales. Hasta ahora, nadie sabe quién gana hasta que se cuentan los votos.
Y es que el INE (como antes el IFE) cuida nuestro derecho a cambiar de opinión en cada proceso electoral.
Si votamos por una/uno que luego nos decepciona, podemos hacerlo por otra persona u otro partido político cuando seamos nuevamente convocados a las urnas.
Por esa razón profunda vale la pena cuidar y defender al INE y al sistema electoral en su conjunto, muy especialmente al Tribunal
Electoral.
No son perfectos, lo sabemos, pero funcionan bien y, lo más relevante, tienen la capacidad para reformarse, pues se han construido con base en la experiencia y con el objetivo de mejorar para fortalecer a la democracia y a sus instituciones.
Recordemos los tres pasos del gobierno lopezobradorista contra las instituciones autónomas, las que resisten a su poder y a su control.
El primero, la inanición presupuestal, privarlas de lo necesario para desarrollar sus funciones, bien sea dinero y recursos materiales, bien sea de las personas que deben integrarlas; sucede en el IFETEL, la COFECE, el INAI, que no tienen completo el número de sus comisionados porque el Ejecutivo Federal no ha realizado las propuestas correspondientes ante el Senado.
Segundo paso: la “colonización”. Consiste en el envío de leales e incondicionales para ocupar las posiciones de dirección.
El caso más conocido es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Y el tercer movimiento es la destrucción de la institución constitucionalmente autónoma.
Se realiza por la vía legislativa, como sucedió con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, victimado en la reforma de 2019.
Ahora es el turno del INE y del Tribunal.
El paso de la inanición presupuestal se les ha aplicado…y sobrevivieron. En consecuencia, el oficialismo ha iniciado el movimiento de la eliminación de su sustento constitucional autónomo para sustituirlo por el control y la sumisión total a sus designios.
Si falla este intento, queda todavía el paso de la “colonización”.
Serían los idus de marzo próximo los que traerán noticias sobre este nueva intención de sabotaje a la democracia desde el gobierno constitucionalmente electo.
No me detendré en las numerosas trampas y subterfugios que oculta la iniciativa presidencial en materia electoral, entre otras, la de despojar al INE de su patrimonio inmobiliario.
Dejaría también de responsabilizarse por el padrón electoral y la emisión de la credencial para votar, que pasaría a ser función de una dependencia del ejecutivo federal.
Y el Tribunal Electoral (TEPJF) también es molesto para la pretensión de “manos libres” en los procesos electorales; por eso quieren acotar sus facultades, además de remover a los actuales magistrados de la Sala Superior.
Me detengo brevemente en la parte política de la reforma propuesta, esto es, en la propuesta de reducir el número de legisladores federales, tanto diputad@s como senad@res, de 500 a 300 y de 128 a 96, respectivamente.
Todos, sin excepción, serían de representación proporcional, esto es, postulados en listas y en el orden que su partido decida.
Esto reforzará la presencia de las organizaciones más grandes y dejará atrás a las minorías.
Además, le daría un enorme poder a las dirigencias partidistas para poner y quitar a su antojo, sin siquiera la esperanza de apoyar o rechazar a la persona propuesta mediante el voto.
Podemos seguir desgranando “perlas” de amenazante retroceso electoral y de régimen político, porque la integración de las cámaras legislativas atañe directamente al funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado.
Me da escalofríos cuando escucho entre legisladores de las oposiciones la expresión “rechazaremos cualquier propuesta que debilite al INE o al Tribunal”.
¿Quién decide si con los cambios se debilita o se fortalece a las instituciones electorales?
¿Serán las dirigencias partidistas opositoras, asediadas por las presiones del gobierno y por las amenazas de activación de determinados expedientes en su contra?
¿O la calificación correrá por cuenta de la mayoría oficialista que quiere “cumplirle” al presidente López Obrador, a costa de lo que sea?
Exhalaré un suspiro de alivio cuando escuche el compromiso de votar en contra de toda reforma constitucional en materia electoral de aquí al 2024.
Las y los legisladores tienen la obligación de estudiar y dictaminar las iniciativas turnadas a su consideración, sí, pero en esta materia deben hacerlo en contra, sin titubeos o subterfugios.
La iniciativa del presidente López Obrador no se puede arreglar, no hay negociación que pueda reparar su determinación de concentrar el poder en su persona.
Una semana después de la marcha del 13 de este mes se inicia el Mundial de Qatar.
La afición mexicana seguirá a su selección esperando, otra vez, el milagro.
Ojalá ahora se nos conceda.
¿Tendrá la osadía el oficialismo de aprovechar una supuesta distracción nacional para avanzar en el camino del retroceso?
Tendremos que estar alertas, no bajar la guardia en momento alguno, hasta que llegue el 15 de diciembre y concluya el actual periodo de sesiones.
Un largo mes nos aguarda.
Pero el próximo domingo tenemos tarea que realizar como ciudadanas, ciudadanos comprometidos con la democracia y las instituciones que garantizan elecciones libres.
Manifestémonos, invitemos a las y los jóvenes a sumarse. Y los mayores, reavivemos la llama que en los 60’s y 70’s nos alentó a luchar por un presente distinto, mejor."—
Mérida, Yucatán.
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Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán.
ANPERT