El rector ya se despidió de la comunidad universitaria, pero lo hizo sin rendir cuenta y sobre todo, sin resolver el más
delicado, gravoso y lesivo de los pendientes anotados en la agenda de la institución: el caso Yasmín Esquivel. El intento de explicación de Hugo Concha, ofrecido como si rindiera cuentas al Consejo Universitario en la sesión del 11 de agosto y después convertido “mágicamente” en nota periodística, fue insuficiente y decepcionante, primero porque es el Rector quien debe explicar a la comunidad el estado en que deja el caso Esquivel y, segundo, porque lo que la UNAM requiere es que Enrique Graue solucione y cierre el asunto, de cualquier manera, y evite entregarlo como una herencia podrida al próximo rector.
Todos en la sesión del Consejo Universitario advirtieron, y hoy prácticamente todos en la comunidad universitaria saben, que fue el propio Hugo Concha, abogado general, quien le pidió al consejero del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Oscar Cruz Barney, que le preguntara y pidiera cuentas sobre el estado del caso Esquivel. Concha lo hizo para tres efectos: 1) Lucimiento personal; 2) Dejar en claro que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas quien asesora al Rector en este asunto; y 3) Tratar, infructuosamente, de cerrar el expediente, sin ser omisos, para tachar el tema de la lista de pendientes de Graue.
De los tres objetivos, el abogado general solo logró confirmar lo que ya se sabía: es el Instituto de Investigaciones Jurídicas quien aconseja legalmente al rector. Sus otros dos objetivos quedaron inconclusos, pues ante nadie se lució personalmente al declararse “muy satisfecho” y presumir con un caso que no solo no ha ganado, sino va perdiendo. Adicionalmente, su respuesta a la pregunta que él mismo sembró en el Consejo Universitario exhibe, además de la fragilidad de Concha como litigante, lo más delicado y lo verdaderamente grave de todo: el rector Graue pretende dejar abierto el caso Esquivel y heredarlo a su sucesor, o sucesora, en la Rectoría.
La situación de acoso gubernamental que vive la UNAM, agravada por las malas decisiones de Enrique Graue, como la influencia en su administración de la cofradía de médicos a la que pertenece (Juan Ramón de la Fuente, militante activo de la 4T y José Narro, una de las figuras más aborrecidas por el presidente López Obrador), hacen absolutamente inconveniente, inadmisible, dejar abierto el caso Esquivel, como una herencia maldita, al próximo rector o rectora.
La UNAM ya tiene suficientes problemas con el acoso de López Obrador, sus colaboradores y sus candidatos que pretenden tomar el control de la institución para hacerle lo mismo que al CIDE, como para que, además, su nueva administración tenga que lidiar con las consecuencias del pésimo manejo del caso de plagio de la ministra Esquivel, entrampado política y jurídicamente por el mal cálculo, la falta de habilidad, y también de decisión de Graue.
El rector parece cansado, pero eso no justifica ni que se deslinde de un enredo propiciado por él mismo, ni tampoco que a tres meses de concluir su mandato, se despida de la comunidad y el Consejo Universitario, en lugar de conducir a la UNAM responsable y cuidadosamente, durante la delicada etapa del proceso de selección de su sucesor; menos aún si valora, con detenimiento, que la situación en que deje el caso Esquivel, cerrado o abierto, se convertirá en su legado universitario y lo acompañará siempre.