Los testigos sociales son aquellos ciudadanos capacitados académicamente para desempeñar funciones de vigilancia en el actuar de los funcionarios encargados de realizar los proceso de adquisición de algún bien que adquiera la Administración Pública local.
Al presentar en la Asamblea Legislativa, una serie de reformas a la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, se pretende reconocer y potencializar la figura del testigo social como integrante de un esquema que garantice la supervisión de dichos procesos, con el fin de eliminar riesgos de opacidad y corrupción.
También se busca regular su participación e incorporar una figura más al marco jurídico vigente en materia de adquisiciones, que “blinde” el presupuesto público de cualquier desvío reduciendo su eficiencia y apoye técnicamente a los funcionarios encargados de realizar todo tipo de compras; así como “incorporar” una figura mundialmente acreditada.
Si bien sabemos, la corrupción es un fenómeno sumamente complejo y multifactorial que afecta de manera significativa al desarrollo y bienestar de la sociedad, esas prácticas que se presentan en un Estado, se expanden desde el interior de la sociedad, hasta el ejercicio de las funciones públicas, generando con ello, una serie de repercusiones negativas cuyos efectos impactan en distintos ámbitos de la realidad nacional.
Un ejemplo, es la capacidad que tiene el fenómeno de inhibir el desarrollo económico equitativo de la población; favorecer la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas; afectar la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, e impedir que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar de la sociedad.
Transparencia Internacional ha documentado que los países en desarrollo son, a menudo, los grupos de la sociedad más vulnerables los que acaban pagando por la existencia de corrupción en la contratación pública, ya que son los que más necesitan de políticas públicas y servicios.
Respecto de esto, cabe mencionar que en el orden jurídico mexicano existe una figura denominada “Testigo Social” la cual surgió como una iniciativa de la organización Transparencia Mexicana (en 2001), que se institucionalizó como un mecanismo de participación de la sociedad mexicana (principalmente a nivel federal, partir de 2004, y en algunas otras legislaciones a nivel local), cuyo objetivo es brindar transparencia en los procesos contratación pública.
Diputado del PAN
Presidente de la Comisión de Hacienda
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