En 2014 México se ubicó en el lugar 103 de 175 países con una puntuación de 35/100. El país mejor evaluado es Dinamarca con 92 puntos; Corea del Norte y Somalia, los percibidos como más corruptos. México comparte ubicación en la tabla con Bolivia, Moldavia y Níger. En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales
socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 San Luis Potosí, el Distrito Federal y el Estado de México fueron las entidades más corruptas del país.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental midió las experiencias de la población al enfrentar una situación de corrupción. Cabe aclarar que el tipo de corrupción que se abordó en la ENCIG es la que se genera en la realización de trámites, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos.
Sin duda uno de los mayores problemas que vive la clase política mexicana, la sociedad y las estructura de poder públicas y privadas, es la corrupción.
Actos de soborno, cohecho y mordidas son el pan de cada día en el país. Se requiere de un Sistema Nacional Anticorrupción integral porque se trata de la demanda más sentida de la sociedad mexicana pero para que se logre erradicar o medianamente controlar se requieren de varias acciones, no sólo del impulso del gobierno sino de su aceptación de la sociedad y estructuras de poder.
En México, falta un fortalecimiento de esquemas de transparencia y rendición de cuentas, de prevención y de combate a la corrupción e impunidad. El Congreso de la Unión tendrá la obligación de aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción integral, autónomo, bien articulado, con facultades y recursos suficientes para prevenir y sancionar actos de corrupción y combatir los altos índices de impunidad que aún prevalecen en México.
Resolver el tema de la corrupción es parte de la justicia cotidiana, parte de concentrar los esfuerzos y exhibirlos a la sociedad.
La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. De ello son conscientes los Gobiernos del Hemisferio y han “iniciado” a promover y ejecutar acciones que aseguren la erradicación de este flagelo.
La lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los Estados es no sólo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria.
PD: No se hagan bolas. Háganse el amor.