El nuevo nombramiento del nuevo Secretario de la Función Pública ha generado toda clase de posiciones. Para algunos es un llamado tardío, para otros un acto de simulación, para otros más nos resulta la respuesta adecuada y necesaria a fin de continuar con las funciones de vigilancia y el apego a la legalidad por parte de cada servidor público.
En su toma de protesta, Virgilio Andrade, de quienes hasta los más ácidos críticos no han dejado de reconocer su sólida trayectoria pública y académica, señaló estar consciente de que la ciudadanía demanda de manera intensa acciones para cerrar espacios a la corrupción en el ejercicio administrativo y público, por lo que su trabajo estará destinado, entre otras cosas, a fortalecer la transparencia.
En México aún no contamos con los instrumentos normativos para aclarar posibles conflictos de interés, por eso las primeras ochos acciones ejecutivas que se implementarán por parte de la Secretaria de la Función Pública permitirá el desarrollo de una mayor transparencia, en el que los funcionarios deberán entregar su declaración patrimonial acompañado de una declaración de posible conflicto de interés para que se haga la investigación correspondiente. Es, repito, un primer paso para arribar a todo un marco jurídico en esta materia y esto acompañado del nombramiento de Virgilio Andrade provee de mayor credibilidad en la responsabilidad que tendrá la Secretaría de la Función Pública.
Por eso, una de sus primeras tareas será las de investigar si existió conflicto de interés en la adquisición de bienes inmuebles por parte del responsable del Ejecutivo Federal, su esposa y el Secretario de Hacienda, acto que será sería acompañado o supervisado por un grupo de expertos independientes.
Es cierto que la declaración de posible conflicto de interés es una medida poco conocida en nuestro país, que ha sido implementada desde los años 80 en Estados Unidos, Chile o Francia, entre otros, con resultados positivos. Que si estamos llegando tarde al tema, que no contamos con el marco normativo son posturas discutibles, pero lo que no podemos poner en tela de juicio es la voluntad para cambiarle el rostro al ejercicio público, para que quien desee dedicarse al mismo, quien quiera hacer política, sepa desde un inicio que tiene la responsabilidad ante la ciudadanía de hacer una declaración de esta naturaleza, que permita entre otras cosas, regresarle la honorabilidad al ejercicio público, a la actividad política.
Y en el diseño de nuestro marco normativo no podemos hacer un lado el papel determinante que tendrá el Congreso de la Unión, para analizar, discutir y debatir los cambios que sean necesarios, mismos que deben de ser congruentes con la idea de erradicar la corrupción como una política de Estado.
*Economista y Doctor en Finanzas
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