El tema del desarrollo urbano y vivienda en la ciudad de México se ha caracterizado por la falta de planeación, el ecocidio, la violación sistemática de la ley y la corrupción de dependencias coludidas con desarrolladoras inmobiliarias.
Lo más trágico del asunto estriba en que son las autoridades del Distrito Federal las más interesadas en contribuir a la hecatombe de la ciudad. Un verdadero caos en términos de planeación y desarrollo.
Con la Norma 26 que se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un grupo de grandes constructores en la ciudad ven en ella una mina de oro y Mancera Constructor, su negocio.
Esta norma publicada en 2013, "busca incentivar la Producción de Vivienda Sustentable y de Interés Social", para ello divide la ciudad en polígonos, que dependiendo su ubicación permiten o no incrementar las construcciones.
Sin embargo, esta fue suspendida luego que algunas desarrolladoras inmobiliarias aprovecharon la norma para vender casas en obra negra a precios de vivienda de interés social, con el detalle de que aumentaban el costo si se pedía que terminaran con todos los detalles.
Hasta el momento, no conocemos una sola obra de la Norma 26 que haya vendido como lo marca la ley, menor a 750 mil pesos, sin embargo utilizaron el ordenamiento para construir vivienda vendiéndolas en tres millones de pesos.
Los desarrolladores han violado sistemáticamente la ley. Se ahorraban pagos de derechos, impuestos, dotar de cajones de estacionamiento, y hasta incentivos y facilidades para que el Instituto de la Vivienda del Distrito Federal (Invi) les diera terrenos. El puro coyotaje y corrupción para beneficiar el negocio de los inmobiliarios y de Mancera Constructor.
Bajo la Norma 26 más de 4 mil edificaciones ilegales se construyeron, sin que hasta el momento exista una sola sanción para estos desarrolladores.
Esta norma no define los alcances, permite violar los programas de desarrollo urbano, desconoce la regulación existente de suelo urbano y beneficia no al sector social, que es al que debiera ir dirigida, sino a un grupo selecto de constructoras que trabajarán muy de cerca con Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Invi.
Lo que si pretende es darle el poder absoluto de la planificación urbana en la ciudad a la Seduvi ya que decidirá quién puede ser constructor de vivienda social, le dará beneficios fiscales y económicos, le permitirá construir más allá de todas las normas y leyes que rigen el uso de suelo de la ciudad. Seduvi no sólo autorizará, sino verificará. Será juez y parte.
Esta iniciativa no cuenta con todos los ordenamientos para frenar la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios. La Norma no puede verse como un negocio de particulares. Esta regla no puede ser un beneficio de todos, un particular no puede gozar de las ventajas fiscales, administrativas y políticas de la norma.
Lo que debe impulsar la norma debe ser verificar los valores comerciales de Seduvi y los valores catastrales de la Tesorería, para evitar la especulación en la adquisición de predios.
Ademá, debe fortalecer al Invi dándole la facultad para que sólo el instituto pueda construir vivienda popular. Bajo esquemas de inclusión de cofinanciamiento privado o no, es algo que deberá estudiar.
Debe existir una Norma que impulse la construcción de vivienda de interés social, una norma transparente, que consulte a los ciudadanos que no permita la corrupción y la simulación en el cumplimiento de la norma. Una norma para replanificar a nuestra Ciudad de México.
PD: Mojarse es el privilegio de los que tiene un sitio caliente donde dormir.
Twitter: gilbertgy