Secreto a voces. Desde los tiempos del predominio panista, cuando en el año 2000 el PRI perdió el poder frente al PAN y hubo desbandada de priistas, pronto quedó en claro que el único bastión que le quedó a los perdedores (¿transición política pactada o negociada?),
fueron los gobernadores. Por primera vez el partido que fue “oficial” durante 70 años supo lo que era la desbandada.
De facto los gobernadores de PRI, para sobrevivir a la aplanadora foxista y retomar el poder hacia la siguiente elección presidencial, se convirtieron en el fiel de la balanza o el único contrapoder al PAN. El presidente Vicente Fox no supo interactuar con el poder legislativo, se decía que por falta de operadores y porque el PAN apenas estaba estrenando.
Revivió el cacicazgo de los gobernadores y se creó la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con 23 integrantes presentes en la asamblea de inauguración en Cancún el año 2002. En tanto ocurrió el desencanto político en la sociedad por la falta de claridad en el rumbo —y por ello los vacíos de poder— del presidente del relevo PRI/PAN (que resultó PRIAN) y de transición, el juego de poderes de facto se lanzó al ruedo.
En algunos estados despegó el problema del narcotráfico. Se salió del huacal para ciertos gobernantes y apareció de lleno a la disputa territorial por el cultivo y trasiego de las drogas que había estado, bien que mal (mal por cualquier lado que se le mire, desde luego) ordenado o metido a un sistema de acuerdos pactados entre algunas instancias del gobierno federal y en ciertos estados con los gobernadores.
En otras palabras, los gobernadores se convirtieron en el único poder en funciones del PRI, por una parte; pero por la otra se gestó el desbordamiento del problema de las drogas con Fox, porque con el vació de poder se perdió el control y los viejos amarres PRI-gobierno se oxidaron.
Los gobernadores de algunos estados en esos años deben ser llamados a cuentas, porque por comisión u omisión les compete a ellos responder por ese despegue cada vez más visible del problema del narcotráfico en particular y del crimen organizado en general. En todo momento se habla de las implicaciones entre gobierno y crimen, porque ninguna banda de delincuentes se sale de control si no cuenta con dichos apoyos.
Es claro que el problema creció y se volvió incontrolable cuando el siguiente presidente panista, Felipe Calderón, le declaró la guerra al narcotráfico. Las disputas entra bandas arreciaron y la entrada del Ejército al escenario desató la furia. La guerra se convirtió en amenaza real para la sociedad en casi todos los estados del país, y cobró más daños colaterales que resultados en materia de control y sometimiento de bandas criminales.
Hay escándalos que datan de esos años, donde gobernadores han pasado del señalamiento al juicio o la persecución. Ahí está Mario Villanueva de Quintana Roo, Jesús Reyna de Michoacán, Andrés Granier de Tabasco, Pablo Salazar de Chiapas, Narciso Agúndez Montaño de Baja California Sur, Luis Armando Reinoso Femat de Aguascalientes, Eugenio Hernández de la Cruz de Tamaulipas, y Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz, quien alguna vez dijo gustarle la idea de “permanecer en el poder 30 años como Porfirio Díaz”.
Eso de algunos de los que se sabe, pero falta el juicio de los que todavía no sale nada a flote. Pero hay estados como Veracruz, Michoacán, Colima, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Chihuahua, los mismísimos Guerrero y Oaxaca en donde la situación es delicada en materia de seguridad y no hay gobernadores en la mira de la PGR.
Lo que señaló apenas el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong es apenas la punta del iceberg. ¿Quién cree que el hoy exgobernador Ángel Aguirre no sabe nada del problema de la heroína y de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Al puro estilo de los gobernadores.
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