Primero fue la hazaña, anunciada en septiembre último con fanfarrias –faltaba más- por el titular del trabajo, Alfonso Navarrete, de homologar el salario mínimo nacional para llevarlo a 70.10 pesos por jornada laboral diaria un mes después.
Ese incremento, que entró en vigor en octubre último, fue de 1.83 pesos. Imagine usted. Ah, bárbaros.
La homologación eliminó las diferencias salariales entre las zonas económicas A y B del país.
Luego el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dijo que el “avance” fue una consecuencia de un acuerdo entre los sectores de la producción para concretar el cierre de las diferencias entre las dos áreas.
El “notable” aumento hizo que se pasara de 68.28 a 70.10 pesos diarios. El alza salarial benefició, según autoridades, a poco más de 750 mil trabajadores del país que percibían un salario mínimo. Se dijo entonces que la medida significaría un incremento de 4.1 por ciento al salario mínimo general en términos reales, el mayor registrado desde 1976. Vaya desfachatez admitirlo.
La secretaría de Navarrete dijo también entonces que de esa manera se cumplía el compromiso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de mejorar los ingresos de los trabajadores y de resarcir el poder adquisitivo del salario.
Ahora la misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos dizque perpetró el madruguete al anunciar un alza salarial de poco menos de tres pesos por día en beneficio de unos siete millones de trabajadores mexicanos que, según Miguel Angel Mancera, jefe del gobierno de la ciudad de México, viven de ese ingreso.
El nuevo salario mínimo de menos de 74 pesos al día es un nuevo atraco legal, que revela el rostro real de las llamadas autoridades del país, esas que cobran sueldos de miedo sin que se inmuten ante la situación del asalariado en general.
Ni siquiera se requiere un sesudo análisis económico para percibir el drama que vive la mayoría de la masa trabajadora en México. Baste sacar cuentas mínimas. Piense en una familia promedio mexicana, de cuatro miembros. Sólo el transporte cotidiano equivale a un mínimo generalizado de 20 pesos por persona viaje redondo, lo que significa que sólo el desplazamiento de una familia promedio absorbe casi un 20 por ciento por encima del monto equivalente a un salario mínimo.
¿Para qué abundar? Sobra.
Lo que me inquieta es la indiferencia de quienes ejercen cargos de responsabilidad pública para con la mayoría de los gobernados en un país cada vez más pobre, más ignorante, menos sano y más resignado a su malhadada suerte. Esto sin agregar el drama de la violencia y el crimen organizado. ¿Ese es el pueblo que gobiernan? ¿Les cabe a los gobernantes, esos que se pavonean con camisas y corbatas de seda, algún orgullo de semejante situación? Da pavor la respuesta a la vista. (Fin)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.