La piedra en el zapato del actual gobierno de Enrique Peña Nieto sigue ahí. Y crece. Se trata de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, aquella madrugada del 26 y el 27 de septiembre del 2014. Es uno, el más
grande pendiente del sexenio; un lastre para el gobierno y sus instituciones.
¿Cuándo y cómo resarcirlo? No tiene visos. Ni Gobernación ni su principal dependencia operadora en materia de procuración de justicia, la Procuraduría General de la República (PGR), están encarando el asunto de frente. Sobre todo porque la llamada “verdad histórica” que apuntó en su momento el procurador en turno, Jesús Murillo Karam, a la postre ha resultado un fiasco.
Insostenible en sus varias rutas deriva la relatoría sobre cómo los estudiantes fueron sustraídos o secuestrados, conducidos hacia el basurero de Cocula, incinerados por un cartel que opera en el estado de Guerrero, los “guerreros unidos”, y luego echados al río San Juan, de la zona. Esa su construcción de Murillo más bien deviene en su “mentira histórica”. Y el gobierno, al seguir por esa ruta, aceptando, solapando (¿a quién o a quiénes?), o sosteniendo una falacia.
Pero la sociedad reclama verdades, no disfraces. Los padres de los desaparecidos quieren a sus hijos —con toda razón—, así como el mundo quiere el cumplimiento de la ley y el total respeto a los derechos humanos de los estudiantes. Nadie quiere, espera o desea lo peor. Salvo que los jóvenes no aparecen.
¿Y los responsables? ¿Quién se llevó a los estudiantes y en dónde se encuentran? ¿Por qué sostener la mentira con mentiras, insultando la inteligencia de la sociedad mexicana, padres incluidos? ¿A quién protege la falacia de la PGR, y por qué Gobernación le sigue el juego?
Hoy se dice que, por la revisión de los expedientes, los dictámenes han sido “arreglados” para sostener lo insostenible. Las irregularidades en las “cadenas de custodia”, o lo referente a los protocolos periciales porque los indicios no reúnen los “requisitos de integridad, conservación, inalterabilidad, naturalidad y originalidad” (según “Una escandalosa manipulación”, en Proceso, revista N°, 2041).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) fue el primero que puso en tela de juicio la “verdad histórica” de Karam. En duda quedó la presunta incineración. Las condiciones climáticas saltaron a la palestra, de ese día: lluvia que habría impedido la presunta fogata de un tamaño desproporcionado (los mil 600 °C. Pero ni la química ni el peritaje de lugar.
La imagen satelital de la NASA, dada a conocer unas semanas después (el 6 de diciembre) del presunto evento, no mostraron un incendio del tamaño referido. Salvo un evento similar ocurrido en otro lado, en una llantera ubicada en Chilapa el 27 de septiembre. Esas, entre otras indagatorias, han puesto en jaque la “verdad gubernamental”.
¿Hasta cuándo sostendrá el gobierno su falacia y la de Karam? En tanto no se disipe la mentira, la piedra en el zapato seguirá para el gobierno de Peña Nieto.
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