¿Cuál reforma política del Distrito Federal? Una que le otorgue una Constitución propia. Para esto, las principales inconformidades han surgido —particularmente entre los diputados de Morena—, por las designaciones de los integrantes al Congreso
Constituyente que deberá elaborar la Carta Magna de la Ciudad de México.
Primeramente, lo constitucionalmente correcto es que los Diputados congresistas sean todos electos por los capitalinos. Pero la fórmula presentada por el PRI o Presidencia incluye: 14 senadores; 14 diputados federales, seis designados por el Presidente de la República y otros seis por el actual Jefe de Gobierno.
Luego entonces, de los 100, 40 serán por dedazo y los otros 60 electos por la vía de la representación plurinominal. Y para avanzar en este proceso, habrá que esperar que una vez la mitad más uno de los congresos locales (17 de los estados), aprueben la reforma avalada por el Congreso de la Unión (lo que ocurrió en el Senado el 15 de diciembre y unos días antes en la Cámara de Diputados), el Instituto Nacional Electoral (INE) lance la convocatoria para que los partidos políticos con registro propongan a los candidatos de entre los militantes, lo que puede ocurrir durante los primeros 15 días de enero.
La elección sería en junio, la toma de protesta en noviembre y la Constitución local deberá estar lista el 32 de enero de 2017. Para este proceso, se presume, también podrán inscribirse candidatos independientes, ahora que ésta figura ha cobrado relevancia desde que las pasadas elecciones varios de ellos resultaron ganadores, como “El Bronco” la gubernatura de Nuevo León.
La principal crítica para el gobierno y el PRI es que esta forma de nombrar/designar al Congreso es anticonstitucional. Por el dedazo. Que entonces el PRI no quiere perder el control de proceso, y por tanto de la Ciudad de México. La otra es que la reforma política del DF tendrá poco de ciudadana. Los capitalinos seguirán siendo, salvo que los constituyentes definan otros lineamientos —cosa difícil—, ciudadanos de segunda.
Algunas libertades, ciertamente. Así la reforma implicaría: a) Cambio de nombre a Ciudad de México, una batalla de por lo menos 191 años de historia; b) Se dice que será una entidad federativa, pero eso es una falacia porque ya lo es; c) Tendrá, eso sí, más autonomía en su régimen interior y en su organización política y administrativa; d) las delegaciones pasarán a ser demacraciones territoriales, encabezadas por un alcalde; e) Los alcaldes tendrán las mismas facultades que los delegados, pero serán vigilados por un Consejo a quien le rendirá cuentas; f) la Asamblea Legislativa de ahora se convertirá en Congreso Local, y podrá intervenir en reformas constitucionales como el resto de los estados; g) El Procurados y jefe de la policía podrán ser nombrados por el Jefe de Gobierno y no por el Presidente de la República.
Estas son algunas de las principales propuestas que incluye el Dictamen elaborado antes por el Senado y que la Cámara sólo modificó nimiedades. De regreso con los senadores —y tras los manejos turbios de los tiempos, para la aprobación en sendas cámaras—, este lo aprobó en 3 horas 40 minutos de sesión. La polémica apenas comienza. Pero los ciudadanos deberán estar al tanto, para no ser excluidos, de tan importante proceso fundacional de la Ciudad de México.
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