Productores rurales del país lamentan las nuevas reglas de operación que rigen este año para acceder a financiamientos y programas y temen que pudiera tratarse de una estrategia y/o política para achicar a las organizaciones agropecuarias de México.
Rosa Castelán, presidenta nacional de los maiceros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), una organización que experimenta dicho sea de paso la peor crisis institucional en su historia de 70 años, dice que se están poniendo cada vez más candados para impedir que los productores agrupados en organizaciones sociales accedan a recursos y programas.
Según esta dirigente, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que agrupa a las grandes empresas agroindustriales del país, podría estar detrás de esta política que haría “más ricos a los ricos y más pobres a los pobres” del sector agropecuario mexicano.
Argumenta Castelán por ejemplo que a la fecha no se ha reunido el Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, que integra a las Secretarías de Agricultura, Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano.
Acusa Castelán a la CNA de “poner a sus alfiles” en los centros de decisión agropecuaria como la Sagarpa y las subsecretarías de esta dependencia, cabeza de sector y responsable de someter a consideración de las organizaciones agropecuarias las reglas de operación que luego son llevadas al legislativo, que las aprueba sin que muchas veces conozca los efectos de sus decisiones.
Castelán afirma que muchas de estas decisiones “vienen limitadas” para impedir el acceso a recursos sobre todo en aquellas zonas del sur de México, predominantemente de temporal y que en general alientan proyectos integrales vinculados con infraestructura y capacitación, paquetes tecnológicos y otros.
Advierte sin embargo que buena parte de estos proyectos llegan ahora limitados a concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que impide el acceso a los recursos. “Es un candado más en la práctica”, indica Castelán.
En consecuencia, alerta esta dirigente maicera, esa limitante implicaría que la administración pública podría pedir la transferencia de recursos “desiertos” o no empleados a las bolsas financieras a las que sólo tienen acceso las grandes empresas de la agroindustria que son los ricos del sector y entre las que figuran firmas como Maseca, Mimsa y/o Lala, entre muchas más.
Los efectos de esto impactarían a las organizaciones de productores como la propia CNPR, la Confederación Nacional Campesina, Antorcha Campesina y otras de estas organizaciones que serían confinadas a la pobreza.
“Es una estrategia para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres”, insiste Castelán.
PD: Si no pasa algo de última hora este viernes podrían caldearse los ánimos en la CNPR como consecuencia de una disputa de fondo entre dirigentes históricos y quien se sigue ostentando como presidenta de esta organización. Ojalá prive la cordura.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.