A pesar de que la Constitución vigente diga lo contrario, la Presidencia de la República tiene de manera directa dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial, además de la enorme influencia que la Presidencia tiene en la representación de las Cámaras.
La mejor demostración de que el Ejecutivo tiene dos poderes está en el hecho de que él designa las ternas para que el Congreso haga como que elige a los ministros de la Suprema Corte y que designa en su mayor parte la integración del Consejo de la Judicatura Federal.
El Presidente nombra directamente al Procurador de Justicia, del cual dependen todas las policías, incluida obviamente la que durante décadas fue conocida como policía judicial y federal, a la que ahora le cambiaron el nombre por policía federal
Esta policía federal no solamente tiene un principio anticonstitucional al estar adscrita al poder judicial; viola en sí misma todo supuesto Federalismo, ya que actúa para bien o para mal por encima de los poderes de gobernadores y presidentes municipales; esta policía opera sin principios válidos de territorialidad, ningún policía federal necesita ser originario del estado en el que opera, mucho menos del municipio; son auténticas fuerzas de ocupación que generan, por ese mismo hecho, la mayor parte de los problemas que, se supone, deben contribuir a corregir.
Obviamente este país tarde o temprano, ojalá no muy tarde, tendrá que arribar al establecimiento de un Poder Judicial federal que no esté sujeto al Ejecutivo ni mutilado por este; mejor aún: tendrá que integrarse en cada entidad federada por representantes elegidos por el pueblo, desde luego, cubriendo los requisitos que un servicio judicial de carrera establezca.
Consecuentemente, tal poder Judicial requiere la existencia de una organización policiaca única que a partir de su integración inicial en cada municipio sea capaz de coordinarse en un mando único estatal y federal, según sea necesario.
Tal cuerpo policiaco tendrá que formarse a partir de elementos electos en cada comunidad por sus vecinos.
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