La propuesta de los principales partidos políticos de otra “reforma política” puede ahondar la decepción de los mexicanos con su clase gobernante y dañar más seriamente la construcción de nuestro sistema democrático. ¿Qué proponen? Ratificación del gabinete presidencial por el Congreso; reelección de legisladores; creación de un instituto nacional electoral (INE) que sustituiría a los 32 institutos electorales estatales; posiblemente la segunda vuelta electoral para propiciar gobiernos de mayorías, y penas más severas por fraudes electorales y rebase de gastos de campaña, etc.
Las razones de estos cambios al sistema electoral son variopintas: la ratificación del gabinete apuntan a contener el poder del presidente de la República y acrecentar la hegemonía del Congreso; la reelección legislativa pretende forjar un pálido mecanismo de rendición de cuentas; el instituto nacional electoral intentaría corregir los abusos de los gobernadores, que hoy son los verdaderos electores.
La manzana de la discordia es aún la silla presidencial: se juega con la centralización política y su opuesto: domeñar el poder Ejecutivo. Por un lado, se quiere sujetar al presidente, obligando a que su gabinete sea aprobado por el Congreso y, por otro, el INE y la segunda vuelta electoral, para auspiciar gobiernos de mayorías, podría centralizar el poder –o peor todavía: hacer casi imposible la gobernación. El instituto nacional electoral también centralizaría el poder político, como va a ocurrir con el gasto educativo y en medicamentos. Es tal el abuso y la corrupción de los gobernadores y ediles que se da marcha atrás en la descentralización política (urge corregir su mal diseño y encauzarla): no mejoraron la infraestructura ni la asignación del gasto público. Entonces, los días de los gobernadores como virreyes parecerían estar contados.
Este galimatías político deja intactos, claro, los grandes males del sistema político mexicano: el deficiente sistema representativo y especialmente, la falta total de rendición de cuentas (un descaro ante la reforma fiscal), que auspicia la corrupción e implanta la impunidad en el sistema político, lo cual ha establecido en el país dos modos de vida generalizados: el que no transa no avanza –apotegma de los maleantes de cuello blanco– y el que no chilla no mama –que es la máxima de los grupos de protesta. Por ello importan los instrumentos para castigar los abusos de los políticos y un buen sistema de representación, que están ausentes. Así, la reelección legislativa sólo acrecentará el poder de los partidos y forjará nuevas aristocracias. Ergo, esta “reforma política” no tiene como fin transformar el poder, sino repartir el botín entre políticos.