Michoacán es la ruta crítica hacia un estado fallido. La historia de sus últimos 25 años revela cómo emular su ejemplo o qué no se debe hacer para evitar un colapso político, social y económico. Jaime Rivera Velázquez, investigador de la Universidad Michoacana, publicó en la revista Nexos de septiembre un ensayo imprescindible para que los políticos de otras entidades tengan una carta de navegación que les permita eludir una crisis sistémica.
La tesis del profesor es puntual: la expansión y supremacía del crimen organizado se debe al desastre institucional. Los vacíos de poder que deja una legalidad laxa, una institucionalidad frágil y una autoridad acomodaticia y ausente fueron ocupados por las mafias, no sólo pero sí principalmente, del narcotráfico:de esta fuente de vicios siniestros abrevan todos los grupos de presión.
Rivera describe el problema de ese estado, que por desgracia es una regla en gran parte del país, de este modo: “En Michoacán opera un arreglo institucional escasamente regido por las leyes, con un sistema de incentivos perversos que impulsa a los grupos de interés a buscar sus objetivos por medio de la fuerza y compele al gobierno a someterse a las presiones o negociar al margen de la ley. Es en ese ambiente de desorden y muy precaria legalidad que medra el crimen organizado, aprisionando a la sociedad con su red de extorsiones, narcotráfico, secuestros, lavado de dinero, homicidios y captura de autoridades”. En suma, debilidad institucional y cultura del arreglo extra legal originan “delincuencia, degradación educativa, conflictividad social y quiebra de las finanzas públicas”. Fragilidad agravada por la crisis de los ochentas.
La crisis de seguridad es, como se aprecia, el último eslabón de la espiral descendente. Todo emana de instituciones y leyes de papel, y de políticos ineptos, sin visión de Estado, que anteponen el interés personal y coyuntural al bien general. He aquí el contexto de la alianza electoral entre la CNTE y los primeros gobiernos perredistas, asociación que dio la pauta para pervertir la protesta social y convertirla en arma de chantaje que arruinó a las finanzas estatales. Desde entonces, los grupos de presión saben que la ruta para doblegar a la autoridad y obtener lo que piden, por absurdo que sea, es la protesta violenta, que no tiene consecuencias. Así, impunidad y éxito económico incentivan acciones más virulentas. De tal ambiente de descomposición, de tierra sin leyes, se nutre la mafia, que aunada a la pasividad del gobierno, auspicia a los grupos de autodefensa. Por eso Michoacán coquetea con la guerra civil.