La seguridad social es uno de los logros más importantes de México en los últimos 100 años, aunque aún falta mucho por hacer para que este derecho se encuentre plenamente garantizado en nuestro país.
La seguridad social generalmente abarca cinco rubros básicos: vejez, invalidez y muerte; enfermedad y maternidad;
accidentes de trabajo; desempleo y asignaciones familiares.
Las instituciones de seguridad social en nuestro país incluyen los servicios otorgados por las fuerzas armadas, empresas paraestatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero las de mayor relevancia económica y social son las del Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE.
Adicionalmente, y con la intención de proporcionar seguridad social a la población que no se encuentra cubierta por las instituciones mencionadas, el Congreso de la Unión aprobó en 2003 reformar a la Ley General de Salud, que dieron origen al Sistema de Protección Social en Salud, más conocido como Seguro Popular.
Es encomiable el esfuerzo que se ha realizado para ampliar la seguridad social, pero el problema radica en cómo financiar ese gasto, y específicamente el de las pensiones, en un país que ha cambiado su estructura de edades.
Hace ya tres años, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (Cesop), del que fui presidente, advirtió sobre los retos significativos a los que ahora nos enfrentamos y los desafíos cruciales que se presentarán en el futuro.
El Cesop previó que uno de los cambios sociales más acuciantes que enfrentará el país en los próximos años es el aumento proporcional de adultos mayores en la sociedad.
A este problema se le suma el hecho de que el país se enfrenta a un cambio epidemiológico, con un aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas, lo que hace aún más costosa la atención médica para personas de la tercera edad.
Sobre el crecimiento de la población en edad adulta, de 2010 a 2050 se triplicará el número. Cada vez hay más pensionados, se pagan pensiones por más tiempo, y menor la aportación de trabajadores jóvenes a la pensiones.
Por ejemplo, durante 2006 el número de pensionados en el país era de 3 millones, para pasar 4.1 millones en 2010 y la proyección para 2015 es de 6 millones.
Sólo por referirme al caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, la principal fuente de preocupación es el déficit financiero proyectado a partir de 2016 por 30 mil millones de pesos.
Durante los últimos doce años el pasivo laboral del Seguro Social ha crecido 12.6% en términos reales, pasando de 344 mil millones de pesos en 1999 a $1.42 billones en 2011. Dicho pasivo es el más grande dentro de las instituciones del sector público, equivalente a 9.9% del PIB.
Ante este panorama, es grave pensar que los gobiernos, en sus tres ámbitos (federal, estatal y municipal) no tienen recursos para asumir este gasto.
Es muy importante que tanto el gobierno federal como los estatales realicen un verdadero esfuerzo de transparencia para conocer la magnitud del problema y que estemos preparados para encontrar soluciones eficaces.
La realidad es que los sistemas de pensiones en nuestro país son inviables y socialmente inequitativos. La sustentabilidad del sistema de seguridad social exige un rediseño legal, financiero e institucional de fondo.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del Canal del Congreso.