Los hechos violentos registrados en las últimas semanas en Guerrero, hicieron voltear la cara a esa entidad la cual había sido secuestrada por la violencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada pese a que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno se negaban a reconocer.
Quien debería de rendir cuentas es el alcalde José Luis Abarca quien se encuentra prófugo de la justicia desde comienzos de esta semana. Se separó de su cargo con la excusa de facilitar las investigaciones, después de declarar que él tampoco vio ni oyó nada aquella noche de viernes, se deslinda de responsabilidad argumentando que nadie lo avisó, nadie le pidió permiso para disparar; él, contó, estaba en un baile con su esposa. Indagando en los rumores que en estos días se han filtrado acerca de ella, se dice que iba a ser la próxima candidata y probable ganadora a la alcaldía municipal y supuestamente era familiar directo de uno de los capos del cartel Guerreros Unidos, que habría financiado la campaña de su esposo y al que pertenecían la mayoría de los policías que han sido detenidos.
El poder y la corrupción son un mal que ha dejado muchos estragos, en el país pero específicamente en este municipio, en estos días se dio a conocer que desde junio de 2013 hay denuncias contra el alcalde, por su responsabilidad directa en el asesinato de tres dirigentes de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPEZ), y ninguna autoridad estatal o federal intervino para someterlo a la justicia. Las conductas delictivas que fueron pasadas por alto, han dado pie a que hoy se viva con temor, que los ciudadanos no podamos salir a la calle con tranquilidad y que no haya podido frenarse la violencia inusitada a consecuencia de esa impunidad. La brutalidad que se desplegó en la masacre de estudiantes de Ayotzinapa es el resultado de no haber atendido el problema a tiempo y permitir que escapara de las manos de los gobernantes. Todo esto ha desencadenado que se pida la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, él por su parte manifestó que “si mi renuncia ayuda a resolver el problema, no tengo ningún inconveniente en irme.” Al mismo tiempo que aseguró que se seguirá investigando y que no quedarán impunes estos acontecimientos, afirma que se ejercerá acción penal contra quienes hayan participado en estos reprobables hechos, sea quien sea, sin importar su actividad o filiación política.
Derivado de los hechos violentos y la importancia nacional que este caso tiene, se decidió que ayer lunes 6 de octubre, la Policía Federal, a través de la División de Gendarmería, asuma las tareas de seguridad pública en Iguala, Guerrero, en acompañamiento con el Ejército; los objetivos de esta decisión fueron contribuir en la búsqueda y localización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, “para lo cual, se mencionó, no se escatimará esfuerzo alguno”.
Lo más alarmante de esta situación, no es la renuncia del gobernador, ya que ello no devolverá la vida a quienes fueron privados de ella. Lo que no podemos perder de vista es que el origen del debilitamiento institucional en Guerrero, ha sido causado por el crimen organizado y tolerado por las autoridades, cuya obligación es la de proteger a la ciudadanía. El día de ayer el Pleno del Senado de la República discutió si se desaparecerían o no los Poderes en el estado de Guerrero, como manifestó el coordinador del PAN en la Cámara Alta, Jorge Luis Preciado, quien también sostuvo que se analizará si conviene o no que salga el gobernador de esa entidad, Ángel Aguirre Rivero. Las implicaciones de esta decisión sería la desaparición del Congreso local, del Poder Judicial y del Gobierno estatal.
La sociedad ya no quiere explicaciones ni excusas necesitamos acciones y gobiernos eficaces, que no se dejen corromper por el crimen organizado y dejen de ver a la policía como un negocio y no como una forma de transformar al país.