¡Eso también es corrupción!
En los días pasados hemos visto y escuchado, incluso algunos otros han sido testigos de las manifestaciones que se realizaron para protestar en contra de las conductas violentas e ilícitas que han cometido policías sobre las personas que se supone deben proteger y defender.
Aunque existen muchos casos de conductas violentas e ilícitas cometidas por policías sobre civiles todos los días a lo largo y ancho del país, desafortunadamente no todos los casos logran salir a la luz pública y mucho menos cobrar la difusión necesaria para que las autoridades y la sociedad volteen a verlos, de esta manera se pueda presionar a las autoridades para que sancionen a esos policías y hagan justicia a las víctimas que han sufrido o muerto a manos de éstos de manera ilegal.
No dudaría que en el momento en que se está escribiendo esta nota o que el lector le está dando lectura a esta, se estén llevando a cabo actos ilícitos, violentos o arbitrarios por policías en varias partes del país.
Uno de los casos que salieron a la luz recientemente, fue el de Giovanni López, quien aparentemente fue detenido de manera injustificada por policías del Municipio de Ixtahuacán de los Membrillos, Jalisco; pues a dicho de la familia fue detenido por no traer cubrebocas, por esa razón con empujones y golpes fue subido a una patrulla sin mediar ningún protocolo para la detención y traslado de la persona.
Aunado a ello, los policías al notar en el lugar de la detención que los familiares de Giovanni los grababan, estos se tornaron violentos y amenazantes también con ellos, lo que demuestra categóricamente la falta de sensibilidad y desconocimiento de los protocolos de actuación que deben seguir los policías para las detenciones; así como, para el manejo de cualquier situación que se genere en torno a la detención para evitar que se torne violenta.
Es cierto que se debería analizar cuales fueron las causas que llevaron a la detención de Giovanni López; pero no debe pasarse por alto que el actuar de los policías aprehensores en el momento de la detención fue completamente violatorio a los derechos humanos y a las normas que rigen el actuar de los policías, lo que demuestra su falta de capacidad y adiestramiento para cumplir con sus funciones; así como para el manejo de sus emociones, lo que provoca la comisión de diversos delitos, en el caso particular, cometieron el delito de homicidio, el cual debe ser sancionado.
Pero es más escalofriante pensar, que los policías detuvieron a Giovanni López vivo, que se lo llevaron a bordo de una patrulla, lo que quedó grabado; y que horas más tarde, le hablaron a la familia de Giovanni para decirles que había muerto y que fueran a recoger su cuerpo; entregándoles un acta de defunción que señalaba como causa de la muerte traumatismo craneoencefálico que es un daño que sufre el cerebro después de recibir un fuerte golpe; además que el cuerpo de Giovanni presentaba signos de tortura y maltrato, lo que demuestra que los policías lo siguieron golpeando hasta matarlo.
Sin pasar desapercibido, que a pesar de lo ilegal de las conductas cometidas por los policías aprehensores, quienes en lo general deben proteger y servir a la sociedad, sus conductas ilícitas son solapadas por las autoridades ministeriales que debieron conocer de la detención ilegal de los policías y no hicieron nada.
Al difundirse la noticia de la muerte de Giovanni a manos de policías, el 4 de junio pasado, poco más de mil personas marcharon con rumbo al palacio de gobierno en Guadalajara, Jalisco, para protestar por su muerte; pero dichas protestas finalizaron en enfrentamientos entre elementos de la policía y la sociedad civil, y de nueva cuenta hubo agresiones por parte de los policías que arrojaban incluso piedras a los manifestantes, lo cual se vuelve a reiterar que los policías no están preparados para cumplir con sus funciones, mucho menos velar por la paz y la seguridad de la sociedad.
Es verdad, que en esta movilización se observó a uno de los manifestantes echarle gasolina a un policía y prenderle fuego, ello evidentemente debe ser castigado y sancionado, y todos aquellos actos vandálicos que de ninguna manera justifican una marcha o protesta en contra de actos que vulneran derechos humanos; porque estos mismos manifestantes o radicales están vulnerando derechos humanos de terceras personas so pretexto de que están protestando por violaciones a esos mismos derechos que ellos mismos están vulnerando.
Para dejar claro, que no son hechos aislados los actos ilícitos cometidos en Jalisco, ese mismo día 4 de junio, se llevaron a cabo protestas en la Ciudad de México con motivo de los asesinatos de Giovanni López, y de George Floyd en Minnesota, Estados Unidos, este último quien también murió a manos de un policía.
Estas marchas se centraron en las avenidas Paseo de la Reforma, Presidente Masaryk, y Mariano Escobedo, en Polanco; para variar, ahí también hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes, reportándose un saldo de 11 personas lesionadas entre policías y manifestantes, con varios lugares dañados, y a una adolescente golpeada por varios policías.
Con independencia de que se investigue que hacia una menor de edad en esos disturbios con ese tipo de radicales, de ninguna manera es aceptable que los policías que son los que deben de saber controlar estos movimientos, tal vez no pacíficos porque de ninguna manera actos radicales pueden calmarse con un por favor, un abrazo o decirles que se les acusara con sus mamás; tampoco es aceptable que los policías actúen como si fueran contrincantes iguales, se supone que los policías deben tener el adiestramiento suficiente para saber controlar, repeler y contener los grupos que atenten en contra de los derechos de los ciudadanos, no convertirse en otro grupo vulnerador de derechos humanos.
Se reconoce que en el caso de la Ciudad de México ya se tengan a dos policías detenidos por las conductas ilícitas que cometieron en esos disturbios; y el hecho, de que haya salido a decir la Jefa de Gobierno que la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana que trabajaran conjuntamente para la creación de Protocolos de Actuación de los elementos policiacos con el objetivo de que no haya más abuso de fuerza ni represión de manifestantes.
Sin embargo, debemos aclarar que ya existen varias leyes, protocolos, incluso a nivel internacional de los que México ya ha adoptado para el uso de la fuerza pública de los policías, entre ellos destacan: la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza; Protocolo de Uso Legítimo y Racional de la Fuerza Pública; Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; Convención sobre la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública para la Ciudad de México.
Pero creo que eso no se lo han informado a la Jefa de Gobierno, lo que nos lleva a pensar que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desconoce la existencia de dichas normas e instrumentos internacionales que son de aplicación para los cuerpos policíacos que él dirige; en ese sentido podemos concluir que si desde el titular se desconocen los protocolos y las normas que rigen el actuar de los policías que están a su mando, no es sorprendente caer en la cuenta que los policías no estén adiestrados y capacitados para hacerlos cumplir.
También se debe pensar que no por el simple hecho de que existan las normas o protocolos mágicamente los policías los van a cumplir y respetar, debe haber una capacitación, adiestramiento y seguimiento de su cumplimiento; y sanciones severas para aquellos que los quebranten, desde el titular hasta los subordinados, ya que es una responsabilidad compartida, más si se cometen delitos en contra de la sociedad a la que deben proteger y servir.