Esta década que termina este año, pasará a la historia como una de las más caóticas que ha
tendido la sociedad universal, no solo por el tema que actualmente mitiga la salud del ser humano que es el Coronavirus, sino por todas las adversidades que la sociedad ha vivido en materia de seguridad, derechos humanos, tecnología, economía y política.
México no ha sido la excepción, la sociedad es víctima de innumerables eventos catastróficos naturales y humanos; es decir, no hemos descansado cuando menos un año de estar escuchando muertes, asesinatos, injusticias, arbitrariedades, impunidad, pérdida de empleos, condiciones meteorológicas desfavorables, entre muchas otras cosas.
Esto no quiere decir, que ya no estamos dispuestos en escuchar las noticias todos los días que anuncian todos esos eventos; sino más bien, ya estamos cansados de que existan esos problemas, y que todos los días se estén presentando en gran parte del país.
Afortunada o desafortunadamente, a través de la Justicia Penal se ha tratado de castigar a las personas que han cometido delitos, ya sea en contra de una persona o de la sociedad; incluso se ha pretendido erradicar la corrupción.
Sin embargo, hasta el día de hoy no se puede sentir en la sociedad un ambiente de confianza para asegurar que se esté abatiendo la corrupción, creo que hasta este momento no se han implementado favorablemente los protocolos en México para un combate adecuado sin las miras políticas de quienes lo tienen a su cargo.
A través del comunicado de prensa 644/19, del 5 de diciembre de 2019, el INEGI publicó el documento denominado “Estadísticas a Propósito del Día Internacional Contra la Corrupción”, dentro del cual se reconoce que ante el debilitamiento de las instituciones, la democracia, la ética y la justicia que deja la corrupción entre las sociedades, y el obstáculo que significa para el desarrollo de las naciones y el estado de derecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Asimismo, reconoce que la corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y privadas, y la define como el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios de manera ilegítima. Además, se caracteriza por ser un fenómeno multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y/o económicos.
Se han implementado diversos esfuerzos para hacer frente a la corrupción, como la implementación y creación del Sistema Nacional Anticorrupción; pero nos debemos preguntar si dicho sistema ha tenido eco en todo el sistema de justicia penal.
Si bien, nuestro sistema de justicia penal actual tiene apenas 12 años de haber aparecido en nuestra constitución, no parece que pueda por si solo erradicar la comisión de delitos, y mucho menos la constante aparición de nuevos grupos criminales que azotan varias partes del país.
Viéndolo desde un punto de vista matemático, es claro que la corrupción genera impunidad y la impunidad genera el incremento del índice delincuencial, pero como lo mencionó Sophia Huett López, Comisionada de Seguridad en Guanajuato, el combate a la delincuencia y al crimen organizado debe resolverse de manera conjunta con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, con estrategias comunes y con miras a un solo objetivo.
Invariablemente el combate a la corrupción, a la impunidad, y a la delincuencia es y debería ser objetivo del Sistema de Justicia Penal Mexicano; desafortunadamente aquellos que tienen en sus manos tal encomienda, como la Policía, el Ministerio Público, los Jueces y Magistrados, en muchas ocasiones se ven limitados precisamente por la corrupción.
No sería responsable decir que todos esos operadores son corruptos o deficientes; es cierto, hay quienes si lo son, pero también muchas veces no cuentan con las condiciones laborales -digámoslo así- adecuadas para el desarrollo de sus funciones. Es más, la falta de capacitación y adiestramiento también es materia de corrupción.
El sistema de justicia penal mexicano no solo esta en riesgo por aquellos que forman parte de la formula antes planteada; si no también por aquellos que tienen en sus manos casos delicados que una vez que los resuelven en uno u otro sentido, se ven obligados a renunciar por no cumplir instrucciones de superiores o por dictar sentencias condenatorias.
Tal como sucedió con el Juez Federal, Uriel Villegas Ortiz, que fue asesinado con su esposa hace unos días en la Ciudad de Colima, él tuvo en sus manos y resolvió el caso de Rubén Oseguera González alías “El menchito”, cuando se desempeñó como juez sexto de distrito en procesos penales en Jalisco, y aunque no ha habido un pronunciamiento oficial por tales asesinatos todo pareciera indicar que fue a consecuencia de su función como juzgador.
Tal como lo mencionó el Doctor Raúl Contreras Bustamante, en su nota Crimen de Estado “la labor que tienen los jueces es clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos y su función primordial es la de velar por el cumplimiento de la ley”.
El asesinato de estos operadores del sistema de justicia penal mexicano -policías, ministerios públicos, jueces y magistrados- por cumplir con su función es un total acto de intimidación para que queden en la impunidad la comisión de delitos, y en ese sentido se apoderen las organizaciones delictivas de México.
Sin duda alguna, se deben garantizar las condiciones para que estos operadores cumplan con sus funciones, pero considero que primero se debe trabajar para erradicar la corrupción, y esto debe comenzar desde a quienes se elijen para los cargos de elección popular, ya que muchos de esos cargos son las cabezas de los poderes, y son ellos quienes hacen las leyes, las autorizan y las implementan, si desde ahí se comienza con el combate a la corrupción de manera escalonada habrá acciones y resultados eficaces.
De continuar la situación actual, no se advierten condiciones para que incluso jueces y magistrados dicten sentencias condenatorias a la gente que se dedica a delinquir, por miedo a ser asesinados.
Ahora, el Coordinador de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, ha expresado su postura para crear jueces anónimos, una especie de jueces sin rostro como en Colombia, para evitar que corran riesgo sus vida, pero volvemos a insistir, ¿existen las condiciones para verdaderamente resguardar la identidad de jueces y magistrados en México?, ¿Así podrán ejercer plenamente sus funciones, sin ninguna presión?