Los migrantes son aquellas personas que se trasladan, transitan o llegan al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.
En términos generales se catalogan dos tipos de migración, la “Migración Forzada” que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad; y la “Migración Voluntaria” que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de mejores oportunidades para ellas mismas o para sus familias.
Esa necesidad de los migrantes de buscar una mejor oportunidad de vida en otro país es la que utilizan los delincuentes para obtener ganancias ilícitas, ofreciéndoles arreglos onerosos. Éstos pueden incluir servicios como el transporte, también pueden consistir en actos de fraude documental, que van desde el préstamo de pasaportes robados a personas parecidas al migrante hasta la falsificación de documentos de identidad y la obtención de pasaportes o visas auténticas tramitadas con otros documentos fraudulentos, como las actas de nacimiento, tal como sucedió hace algunos años en Suchiate, Chiapas.
Precisamente, el “Tráfico Ilícito de Migrantes”, es el término utilizado para denominar a los migrantes en situación irregular que contactan, de forma voluntaria, con un traficante de personas con el objetivo de cruzar una frontera en busca de mejores oportunidades de vida.
De hecho, la Organización de las Naciones Unidas considera que dentro de los delitos transnacionales -conductas delictivas que no solo se limitan al territorio de un país sino traspasan las fronteras de las naciones, o como yo le he denominado: “Delitos Globales”- se encuentra el tráfico ilícito de migrantes.
No existe un número exacto de cuantas personas han muerto en su calidad de migrantes o cuantos migrantes han cruzado las fronteras; sin embargo, la ONU ha establecido que simplemente en las principales rutas del tráfico ilícito de África Oriental, septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, se estima que este delito genera anualmente alrededor de 6.750 millones de dólares americanos -unos 135 mil millones de pesos- para los delincuentes que operan en estas regiones solamente.
Debido a las ganancias estratosféricas que genera el traficar con estas personas, los traficantes de migrantes se organizan cada vez mejor y establecen redes profesionales que trascienden fronteras y regiones. Como ocurre con otras formas de delincuencia organizada, los grupos involucrados en esta actividad delictiva han ampliado sus operaciones mediante el cambio de rutas, en un intento por expandirse a otros mercados y eludir la acción represiva de los Estados, ¡¡¡si es que la hay!!!!
El estado mexicano, a través de su canciller Marcelo Ebrard, reconoció que el tráfico ilegal de migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos genera 6.000 millones de dólares anuales.
Precisó que la cantidad que pagan los migrantes a los delincuentes que lucran con esta actividad ilícita va de los 3.500 y 7.000 dólares por persona; y que, en los meses del 2019 se registró "un incremento de 300 % en el flujo migratorio de indocumentados hacia Estados Unidos".
Tampoco debemos dejar a un lado, que muchos de estos migrantes, además de ser víctimas de los traficantes y de las autoridades migratorias, federales, estatales y municipales; también, son obligados a sumarse a las filas del crimen organizado como carne de cañón y otras ocasiones, son desaparecidos o asesinados.
Según estimaciones de las casas de atención a personas migrantes y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 20 mil personas indocumentadas son secuestradas al año.
Como ejemplo de los crímenes que se cometen contra migrantes en México, podemos mencionar los recientes hechos ocurridos el pasado 22 de enero, donde se hallaron 19 cuerpos calcinados -algunos de migrantes- en Camargo, Tamaulipas, junto a una camioneta que fue asegurada en diciembre pasado por el Instituto Nacional de Migración. Pero este, es uno de los contados casos que salen a la luz pública, ¿pero los demás que han sido desaparecidos o secuestrados o asesinados?
Existen diferentes instrumentos internacionales y nacionales para el combate a este delito, como el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, la Ley de Migración respectivamente, en esta última, se establece una sanción hasta por ocho años de prisión a quien cometa este tipo de conductas ilícitas.
Sin embargo, la imposición de sanciones no es la respuesta para solucionar este problema que trasciende fronteras; más bien, se debe crear una verdadera política pública y realizar un estudio profundo a través de la política criminal que sirva para que de una manera eficaz se erradique, inhiba, prevenga y evite la comisión de estas conductas, pues muchas de ellas se cometen con anuencia de las autoridades.
Evidentemente, este es un problema de Estado, pues a las personas migrantes se les vulneran diversos derechos fundamentales como la libertad, la vida, la integridad física, la dignidad y la seguridad jurídica. Y atendiendo lo previsto en el artículo primero de nuestra Carta Magna los derechos humanos deben ser protegidos y respetados por el Estado Mexicano. No se trata de remarcar en que gobierno se cometieron más o menos delitos en contra de migrantes, se trata de que el gobierno en funciones atienda y erradique este gran flagelo hacia los migrantes.