Tal como lo hemos señalado en diversas ocasiones, se está llevando a cabo el proceso electoral más grande y complejo de la historia, principalmente por el número de cargos de elección popular que se están disputando; entre ellos, las 500 curules de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Algunos consideran o le llaman la renovación de la Cámara de Diputados, pero no quiero sonar incrédulo al pensarlo así, ya que es a partir de
este proceso electoral en donde los Diputados podrán reelegirse por segunda ocasión, por lo que hablar de renovación dista mucho de la realidad y de lo que veremos después de las votaciones.
Pero por si fuera poco, y para sumarle a los temas que provocarán que este proceso electoral sea aún más complejo, es la utilización de los Programas Sociales para comprar votos, aunque en el argot jurídico se le conoce como “Uso de Programas Sociales con Fines Electorales ”.
Para entender un poco más sobre este tema, los Programas Sociales son aquellos instrumentos que crean los Gobiernos Federales o Estatales con el propósito de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Estos programas sociales pueden enfocarse al desarrollo de proyectos de infraestructura, sociales e incluso individuales.
Solo por citar un ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con diversos Programas Sociales, tales como: “Mejoramiento Barrial y Comunitario”, “Comedores Sociales”, y, “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana”.
Por su parte, el Gobierno Federal cuenta con diversos Programas Sociales, tales como: “Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños de Madres Trabajadoras”, “Producción para el Bienestar”, “Crédito Ganadero a la Palabra”, “Tandas para el Bienestar ”, Programa de pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, entra otros.
Revisando la página oficial de la Presidencia de la República el programa social denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro”, está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) en sus dos modalidades para becar a jóvenes: capacitación laboral y becas estudiantiles.
En ese tenor, se precisa que dicho programa permite abrir nuevas oportunidades de desarrollo laboral y educativo para 2.6 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que no estudien, ni cuenten con un empleo.
Dicho lo anterior, queda claro que en este Programa Social se cuenta con un promedió de 2.6 millones de personas, mayores de edad, que se ven o ser verán beneficiadas con dicho Programa.
En definitiva, esos millones de personas cuentan con una Credencial para Votar la cual utilizarán al momento de acudir a las urnas a emitir su voto; por lo tanto, esas mismas personas se encuentran en un área de oportunidad para los partidos políticos y para los candidatos en este proceso electoral.
Esto es así, por que esa cantidad de ciudadanos son un grupo de personas que podrán votar en las próximas elecciones, y por lo tanto, se encuentran en un público cautivo para que se les condicione ser beneficiarios de algunos de los Programas Sociales siempre y cuando voten por un candidato o partido político específico, pues de lo contrario no podrá ser beneficiado por dichos Programas.
Categóricamente, no estamos asegurando que eso haya pasado, este pasando o vaya a suceder; sin embargo, si puede ser un riesgo latente de que algunos servidores públicos o personas que estén a su disposición, y que tengan la responsabilidad de controlar, manejar y otorgar dichos Programas se vean implicados en condicionarlos con tal de que los posibles beneficiarios o los que ya cuenten con ese beneficio voten por algún partido político o candidato en estas elecciones.
Tampoco se limita esa posibilidad a nivel federal, puede darse en cualquier entidad federativa, o por cualquier servidor público local o municipal, interesado en que su partido o candidato gane para estas elecciones.
Es clara la implicación y las consecuencias que pueden generar el que los gobiernos uso de los Programas Sociales para fines electorales, que condicionen su otorgamiento o incluso amenacen a los que ya están siendo beneficiados en retirarles el apoyo si no votan por el partido político o por el candidato que se les exija. El mismo artículo 19 de nuestra Carta Magna considera que se le dé prisión preventiva oficiosa a aquellas personas que hagan uso de programas sociales con fines electorales.
Es importante que todas las personas y la sociedad en general sepan que es su derecho votar de manera libre, y que nadie puede obligarlos a votar por algún partido político o candidato.
Mucho menos pueden o deben coaccionarlos o amenazarlos para votar por partido político o candidato a cambio de que sean beneficiados para un Programa Social, o que les quiten ese beneficio; los programas sociales son para que el gobierno se los proporcione a los gobernados sin ninguna condición, pago, amenaza o coacción.
Así qué, cualquier servidor público o persona que se les acerque a realizar este tipo de actividades ilegales en este proceso electoral pueden denunciarlo a las autoridades ministeriales especializadas en delitos electorales, o al Ministerio Público más cercano, ellos tienen la obligación de recibirles la denuncia, procesar y sentenciar a los autores y participar de esas conductas ilícitas que control la democracia en México.