Actualmente, se muestra una imagen en la que pareciera que el presidente de la República continúa teniendo injerencia en las decisiones que se toman en la Fiscalía General de la República. A pesar de ello, y de acuerdo con el artículo 102, apartado A, de nuestra Carta Magna, el Ministerio Público se debe de
organizar en una Fiscalía General de la República, la cual actuará como un órgano público autónomo independiente del Poder Ejecutivo Federal, tal como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral.
La razón por la cual se le otorga esa autonomía a la FGR es precisamente para que ninguna autoridad o servidor público tuviera injerencia en las decisiones o en las resoluciones que emita dicha Fiscalía dentro sus investigaciones criminales. Más tratándose de investigaciones criminales iniciadas en contra de servidores públicos federales.
Recordemos que la Fiscalía General de la República tiene entre sus funciones la investigación de todos los delitos federales y la persecución de todas aquellas personas que los cometen; tales como: el lavado de dinero, la delincuencia organizada, el narcotráfico, el secuestro, entre muchos otros ilícitos que se cometen todos los días en nuestro país.
Aunque en la actualidad no se escucha mucho -ya que son contadas las ocasiones en las que ha salido al público- en estos momentos el fiscal general de la República es el Doctor Alejandro Gertz Manero, quien fuera nombrado por el Senado de la República a partir del 18 de enero de 2019.
Por lo que, el 20 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Fiscalía General de la República; siendo esta ley, la norma jurídica que le da vida a la estructura de la FGR. Sin mencionar, que al inicio de este sexenio ya se encontraba en operaciones dicha Fiscalía.
Sin dejar a un lado lo tardío de haber creado una Ley Orgánica que definiera la estructura definitiva de la FGR; en el ámbito social, político, jurídico y presidencial se ha cuestionado la eficacia y la forma en que se han llevado a cabo las investigaciones en las diversas áreas de este organismo.
De hecho, algunos medios de comunicación han expresado que la idea que se tiene desde el Poder Ejecutivo Federal es darle las gracias al actual fiscal general por el “tortuguismo” que se esta dando en la FGR.
Pero tampoco debemos ir muy lejos para constatar esa ineficacia y apreciar los retrasos en las investigaciones; simplemente no hemos escuchado nada sobre los avances en el asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
También, el retraso en las bases y controles que deben correr a cargo de la FGR para la atención y búsqueda de personas desaparecidas, tal como se los exige la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Eso sin mencionar, lo publicado el día de ayer en el periódico “Reporte Indigo” que evidencia la falta de coordinación que tiene la FGR con la Unidad de Inteligencia Financiera para atender y resolver los casos que está última le ha denunciado por diversos delitos.
Según este medio de comunicación, durante el gobierno de López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado 338 denuncias ante la Fiscalía General de la República, por diversos delitos, principalmente por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De ese cumulo de denuncias, únicamente se han Judicializado 2; aunque eso no quiere decir que esas dos puedan acabar en sentencias condenatorias.
Resulta necesario pensar que, si una de las instituciones encargadas de investigar el delito y perseguir al delincuente falla en sus funciones, provoca que la Delincuencia Organizada vaya en aumento día con día, sin ninguna especie de control o sanción. Además, la FGR no cuenta con acciones realmente eficaces para la persecución e investigación de los delitos y de los delincuentes a nivel federal.
Aunado a lo anterior, hay una falta de transparencia para proporcionar la información a la ciudadanía sobre la numeraria en las investigaciones que se llevan o se tramitan en dicha Fiscalía, y muchas veces no es de una manera eficaz, eficiente y certera.
Lejos de los escándalos públicos que se pudieran dar en torno a la persona que encabeza la Fiscalía General de la República, creo que debemos poner mayor atención sobre lo que se esta haciendo, como se esta haciendo, como se esta trabajando y bajo que condiciones.
Recordemos que también la reducción de sueldos y reducción del presupuesto a las instituciones pueden fomentar la corrupción; pero sobre todo, provocan que las personas y las instituciones no funcionen de manera productiva y eficaz.
En caso de que se decida la partida prematura del actual Fiscal General de la República, debemos poner atención a quien lo sustituirá, ya que debe ser lo suficientemente capaz para enfrentar el rezago y la inoperancia que sufre la actual Fiscalía.