El gobierno de la Ciudad de México, a seis años de la reforma constitucional que dio vida al sistema anticorrupción, sigue sin lograr consolidar su sistema
local. A pesar de que en el discurso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, se han sumado a la campaña retórica de que la corrupción que es el principal problema de México, pero en los hechos han mostrado un desinterés por establecer el sistema. Todo apunta a que les incomoda contar con una entidad de fiscalización y de rendición de cuentas que vigile el uso de recursos públicos, favorezca la transparencia y fomente la participación ciudadana.
Según datos del sistema nacional anticorrupción, la CDMX ya cuenta con Comité de Selección, Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador y Secretariado Ejecutivo, no obstante, no existen sitios de internet donde se den a conocer sus acciones, la transparencia brilla por su ausencia, la ciudadanía no conoce cómo es que se integraron dichas entidades, quiénes la conforman, cuál es su trayectoria profesional, vinculación social o experiencia en el combate a la corrupción; existe una opacidad gigante en la CDMX en un tema tan relevante como el sistema anticorrupción de la CDMX.
De la poca información que se logró obtener, en una búsqueda sobre las acciones que han realizado dichas entidades, se logra advertir que no se ha hecho prácticamente nada. No se cuenta con una política local anticorrupción (es la única entidad federativa que no ha hecho acción alguna), no hay indicadores para medir el impacto de la corrupción en la ciudad, no se han realizado acciones tendientes a combatir la corrupción en las oficinas de gobierno y los ciudadanos seguimos esperando que se inicien procedimientos a funcionarios públicos por la comisión de conductas irregulares o penales como en el caso de la línea 12 del metro, en el uso de vacunas con fines electorales o la violencia desprendida por elementos policiacos contra grupos feministas, familias de desaparecidos o jóvenes estudiantes, que solo luchan por sus derechos.
Así como ya es costumbre en el gobierno federal, en la CDMX, la clase política ha decido hacer un lado el sistema local y desde sus propias instituciones hacer frente al flagelo de la corrupción, no sin ser selectivo en tal encomienda. La secretaría de la contraloría ha decidido no realizar su función de fiscalización, es una comparsa más del ejecutivo local, no inicia procedimientos, y los que se realizan, no llegan a buen término, existe total impunidad, no se tiene la voluntad de sancionar a nadie, porque son personas honestas y trabajadoras, salvo que trabajen en una alcaldía que es de oposición, esos sí que son perseguidos con el brazo duro de la ley.
Otra de las muestras de desinterés para no echar a andar el sistema, es la falta de recursos. Para el presupuesto 2021, el Congreso de la Ciudad de México, no asignó un centavo para el sistema local anticorrupción, los legisladores aprobaron un transitorio que indicó que se consideraban recursos para el sistema dentro de las asignaciones señaladas para la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia que aloja a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Consejo de Evaluación, la Secretaría de la Contraloría y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México, sin embargo, según la Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX, la entidad administrativa que se encargaría de manejar dichos recursos sería el Secretariado Ejecutivo, no obstante, hasta agosto de este año, fue nombrado el Secretario Ejecutivo, bajo una opacidad en el proceso de selección y nombramiento por parte del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, por lo que no existe estructura alguna de dicho secretariado, personal o funcionarios que realicen las encomiendas que la ciudadanía exige.
En conclusión, en la CDMX, el combate a la corrupción es simple retórica política, desde el gobierno nadie está haciendo nada por disminuir uno de los problemas más grandes de la ciudad, no se les hace caso a las organizaciones de la sociedad civil, que día a día dejan evidencia de la continuidad de las prácticas de corrupción, de los manejos discrecionales y opacidad de los recursos públicos, de la asignación de plazas a cuates, amigos, cuotas políticas o cuadros de partido, la ciudadanía seguimos reclamando que nos piden mordida para un trámite, que los funcionarios no hacen su trabajo y que siguen los desvíos de recursos públicos.
Esperemos que con motivo de los anhelos de la Jefa de Gobierno para llegar a la Presidencia de la República sea un motivador para que se fortalezca y se termine de impulsar la consolidación del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México brindando los recursos que sean necesarios para ello.