Hoy nos encontramos con que estudiantes de la Universidad de Texas realizaron un estudio de las declaraciones de integrantes de los Zetas en Cortes estadounidenses, en las que afirmaban que esta organización criminal era
protegida por gobernadores mexicanos, quienes les permitían libre tránsito y actuación en sus territorios. Coahuila, Tamaulipas y Veracruz se convertirían, de esta forma, en estados “narco-friendly”.
Mucha indignación causa en la ciudadanía que sus autoridades se corrompan y cedan su obligación gubernamental ante la brutalidad del crimen. Sin duda es deleznable, pues el Estado y sus instituciones están para servir a un bien superior, más allá de los beneficios o ambiciones personales ni —mucho menos— las pretensiones de un grupo criminal. Sin embargo —y así nos lo ha demostrado la realidad— esto no es del todo cierto y, por desgracia, las menos de las veces, ocurre lo contrario.
Quizá la mayoría de las ocasiones, la ambición de los malos funcionarios abre la puerta a que las bandas criminales se apoderen de las instituciones públicas. El ofrecimiento de fortunas que resolverían la vida de los funcionarios, sus familias y sus descendientes, se vuelven grandes tentaciones difíciles de evadir y acepten someterse a los designios de sus nuevos patrones: los capos de la mafia. Así, la corrupción transforma a servidores públicos en esclavos de sus ambiciones y los transforma en serviles a la orden de jefes criminales y así es como ceden su condición de “jefes políticos” para volverse “empleados” cuyos nombres hacen en nóminas que pagan sus mesadas con dinero ensangrentado.
Sin embargo, las condiciones actuales han dado cuenta de que no todo es “corruptos” contra “honestos”; “ambiciosos vulgares” contra “idealistas incorruptibles”; pues cuando la capacidad corruptora del crimen no es suficiente y los principios e ideales se imponen como base de la función pública, siempre hay otras estrategias y se presentan como opción las principales estrategias de la criminalidad: la intimidación, la extorsión y la amenaza. De tener que implementar este tipo de artimañas, serán siempre las menos onerosas para la “organización” y —sobre todo— la más eficaz y con la que puedan lograr más rápido su cometido; pues —al fin y al cabo— son organizaciones “con fines de lucro”.
Hoy por hoy, el crimen se ha logrado incrustar en muchas instituciones gubernamentales que van desde las corporaciones policiacas municipales, hasta las oficinas de la alta burocracia nacional. Muchos de ellos —insisto— han sucumbido a la tentación del enriquecimiento pronto e inescrupuloso; otros tantos, han cedido ante una amenaza inminente, constante y reiterada, contra su vida, su persona o sus familias y allegados.
La fiereza y la falta de escrúpulos de los criminales ha sido factor fundamental para que el crimen organizado se infiltre en el gobierno; al tiempo que es ayudada por la ambición inexorable de muchos malos servidores públicos, y por el miedo y la falta de recursos para la protección, de su persona, sus familias y de sus cercanos. Visto de este modo, la “Plata y el Plomo” son vistos con varios claroscuros que se materializan en aristas que restan el atractivo al servicio público.