La cuarta transformación ha iniciado su camino. Diversos actores políticos, senadores y diputados, han iniciado una serie de actos y acciones, muchos de
fondo y otros más con tintes sensacionalistas, encaminados a imponer una austeridad en el gobierno que —dicho sea de paso— es más que necesaria, sobre todo ahora que concluimos un periodo en el que la frivolidad y los excesos fueron temas de recurrente molestia entre la población y uno de los factores por los que se dieron los resultados electorales del pasado 1º de julio.
Sin embargo, en esta carrera por “ver quien es más austero” se están realizando actos que, independientemente de su buena o mala intención, pueden desembocar en otros problemas, como la imputación de responsabilidades administrativas y hasta penales. Tal es el caso de los mal llamados “ahorros” anunciados en las cámaras que integran el Poder Legislativo Federal, que implican el recorte en diversos rubros de gasto que, si bien escandalizan por asumirse como suntuosos y excesivos, forman parte del erario y, como tales, deben gastarse como fueron programados, o cambiarles el destino o, en última instancia, justificar debidamente el motivo por lo que no se hizo, ya que, de no hacerlo, esto implicaría subejercicio, que es una mala práctica de la administración pública.
¿Por qué el subejercicio implica responsabilidades? Porque los recursos públicos son entregados a las instituciones para eso, para ser gastados conforme fueron programados ya que deben ser utilizados para el cumplimiento de funciones de gobierno. No gastarlos es hasta más grave que gastarlos mal. La ley no los entiende como “ahorros” o “la voluntad de descartar privilegios”, es una mala práctica que mucho daño le ha hecho a México, pues es un atentado contra el erario. La razón es simple: al gobierno se le brindan recursos para ejercerlos y cumplir sus funciones, no para ahorrarlos y mantenerlos inútiles.
Lamentablemente los “ahorros” que se obtendrán por las medidas de “austeridad” hasta hoy difundidas, no traen aparejado un destino o una utilidad, simplemente las anuncian como un gran logro que nadie ha explicado cómo beneficiará a la gente. Así, el “ahorro” deja de ser una buena medida, para convertirse en un problema y algo que parecía muy bueno se convierte en algo muy malo para el país. Así —y de conformidad con los anuncios de los senadores y diputados— casi dos mil millones de pesos, poco más de 100 millones de dólares, producto de los impuestos de los mexicanos, dejarán de ejercerse, habiéndose podido destinar a complementar programas sociales, a coadyuvar a la construcción de carreteras, hospitales o escuelas, o bien a pagar parte de la deuda
Creo que la voluntad y el ejemplo de austeridad en el gobierno es más que necesario, sobre todo en estos momentos en los que la gente lo exige, sin embargo, es necesario hacerlo bien y con cauce institucional; de otra forma, estaríamos resolviendo errores con otros más graves y, quizá, hasta más dañinos tanto para las instituciones como para la sociedad. Hay que optimizar el gasto, sin lugar a dudas, y destinar los recursos públicos a resolver problemas graves de la gente y no para auspiciar modos de vida oligárquicos. Para ello, es necesario crear un Plan Nacional de Austeridad y Reordenamiento del gasto, con acciones legales y paulatinas que atiendan, precisamente, a ese fin. Dejar el tema a ocurrencias y acciones de relumbrón sensacionalista es sumamente riesgoso, pues a la larga se generan más problemas que beneficios palpables para la gente.
@AndresAguileraM