El próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien indudablemente ha sido un gran
líder opositor, se enfrenta a uno de los grandes desafíos de su vida: ejercer el cargo dentro de los parámetros legales, democráticos y republicanos, al tiempo que da los resultados acordes a la expectativa que ha generado. No es tarea fácil, pues el país enfrenta una de las peores crisis de su historia.
Su personalidad e imagen han sido diametralmente distintas a las de los políticos de reciente cuño; por el contrario, su forma de acercamiento con la gente se asemeja más a los líderes sociales tradicionales, con cercanía, diálogo franco y directo desde las plazas públicas se hizo afín a la confianza y afecto de la gente. Con un lenguaje sencillo y —sobre todo— siempre crítico hacia los gobernantes, se supo posicionar como una opción real para la transformación drástica del país y de la forma de hacer política. Sin embargo, esta pretensión está amenazada por la criminalidad y la violencia que azota gran parte del territorio nacional.
Esta penosa situación por la que atraviesa México no ha cesado; por el contrario, pareciere haberse recrudecido ante los embates de las fuerzas castrenses que, —dicho sea de paso— han sido las únicas instituciones gubernamentales que han podido retornar un poco de seguridad a las familias mexicanas. Los grupos criminales se niegan a ceder un centímetro de su funesta influencia y poder al margen de la ley, pues ello les genera groseras ganancias económicas. El tráfico de estupefacientes ilegales y de personas, el secuestro, la extorsión, el homicidio, —entre otros— son negocios extralegales que incrementan de forma exponencial las arcas de delincuentes organizados que, junto con el gran poder de fuego y capacidad corruptora de autoridades y poblaciones, sumado a complejas estrategias financieras que les permiten lavar sus ganancias ilegales y crear fachadas muy bien armadas a través de mecanismos legales, marginan las posibilidades del Estado Mexicano de enfrentarlos y acabarlos. Es evidente que el imperio criminal va más allá de la lucha armada y eso es lo más peligroso de todo.
Según especulaciones que rondan en la sociedad, importantes agencias gubernamentales —principalmente aquellas encargadas de los temas de seguridad pública y procuración de justicia— han sido infiltradas por el poder corruptor del imperio criminal. Se dice que algunos funcionarios públicos, desde los puestos más modestos hasta los altos mandos, han sucumbido a la tentación del enriquecimiento y se han vuelto empleados de intereses ilegítimos y hasta criminales, en detrimento de la utilidad del servicio público y la legitimidad de las instituciones públicas, lo que dificulta más su combate y erradicación.
Ante este escenario, el Presidente López Obrador, tendrá uno de los retos más grandes, no sólo de su vida, sino de la historia del país: el retorno a la normalidad legal y democrática de México. No es tarea fácil que se solucione con ejemplos, discursos, regaños o ejemplos históricos. Se requiere de estrategias muy bien elaboradas y mejor orquestadas, en donde la cercanía política, la afabilidad con la gente y la expresión lisa y llana serán muy útiles para explicar las acciones realizadas, pero no son suficientes para resolver la problemática que vivimos.
Así empieza lo que se autoproclama como “La Cuarta Transformación”. Hacemos votos porque —por lo menos— se sienten las bases de una pacificación real y definitiva de México y de las generaciones venideras.
@AndresAguileraM