Los momentos de cambio y paradigmas en la vida de las naciones, orillan a
considerar la posibilidad de cambiar el marco constitucional de cualquier Estado. La tentación de modificarlo, o bien de crear uno nuevo, deviene generalmente del intento del grupo ganador de una contienda, ya sea armada o política, de plasmar y perpetuar, tanto su visión de país como el programa de acción que, de alguna manera, les permitió acceder al poder político institucional.
En México la elaboración, discusión, aprobación y promulgación de las constituciones que han regido al Estado Mexicano, obedecieron a momentos específicos de la historia del país, en el que facciones y grupos impusieron su visión política, tras periodos de profunda inestabilidad y guerras intestinas.
Ya fuera la independencia del país; la sociedad fluctuante entre conservadores y liberales; la guerra de Reforma; la Intervención Francesa, y la Revolución Mexicana, son momentos icónicos en los que, desde lo más profundo de las raíces de la población nacional emergieron cambios que implicaban, no sólo un modelo jurídico o bien una disposición primigenia de la que surgiera el marco jurídico que regiría a la sociedad, además representaban un deseo intrínseco de una mayoría significativa por precisar y cambiar las reglas e interacción de todos los que conforman el Estado Mexicano.
En este orden de ideas, la Revolución Mexicana trajo consigo la necesidad imperiosa por lograr una verdadera justicia social, en la que no sólo se privilegiara la libertad y se reconociera la dignidad de las personas, sino que ésta se materializara en una participación del gobierno para que generara equidad y abatiera el sojuzgamiento entre las personas por cuestiones de naturaleza económica. Al tiempo que se reiteraba el carácter de garante de la seguridad de las personas.
Conforme fueron transcurriendo las décadas, los postulados de la Revolución Mexicana se volvieron simples recursos retóricos y referencias para legitimar un sistema político que se mantuvo en el ejercicio del poder, sin embargo, las exigencias por materializar la justicia social prevalecen hasta nuestros días.
Nuevamente nuestro país vive momentos de cambio y transformación en la cuestión política. La alternancia se gestó a partir de esa exigencia por reivindicar a la justicia social como prioridad y vértice del pacto político fundacional del Estado Mexicano. En esencia, la exigencia es por que se cumplan los pactos intrínsecos por los cuales se creó el nuevo Estado Mexicano y no por plasmar un nuevo documento que los enmarque. En pocas palabras: que el gobierno funcione como un instrumento que genere equilibrios entre los diversos factores reales de poder para arribar a la ansiada justicia social.
De este modo, podemos concluir, que no es una nueva constitución lo que requiere México, sino que las instituciones funcionen tanto para brindar seguridad como para generar condiciones de equidad, tareas en las que, durante las últimas décadas, el gobierno ha dejado mucho que desear.
@AndresAguileraM