Desde los principios de la civilización, contener el avasallamiento entre grupos de
personas, se volvió una prioridad para quienes han ejercido la función de gobernar, situación por la que la única instancia legal y legítima capaz de ejercer la violencia es el gobierno, pues ello resulta parte fundamental del gran pacto político para garantizar la libertad y el desarrollo armónico de la sociedad.
Pese a todo ello, en tanto en los incipientes estados como en los modernos, ha prevalecido la violencia como expresión propia de la humanidad; ya sea en las relaciones interestatales, para saciar las pretensiones expansionistas; dirimir diferencias políticas, o cumplir con ambiciones económicas, o en las relaciones interpersonales en donde, ya sea por pasiones o ambiciones, siempre está latente —y ocurre— que se ejerza violencia.
En esta lógica, durante prácticamente toda su existencia, la violencia contra las mujeres ha estado latente en los pasajes de nuestra historia. Ya sean los textos religiosos, histórico-jurídicos, relatos y hasta en los convencionalismos sociales, dan cuenta de formas en que estas prácticas se han normalizado e, incluso, institucionalizado. Como parte de ello, habría que destacar que, durante siglos, se establecieron cánones y normas de conducta diferentes, en las que quedaban manifiestas las condiciones de sobajamiento y discriminación a las que injustamente han sido sujetas, lo que propicia una desigualdad cínica y manifiesta en la que se sobreponía artificialmente una supremacía del varón, lo que directa e indirectamente provocó que se solapara la violencia contra la mujer bajo el pretexto de prácticas socialmente aceptadas.
Así, llegamos al mundo moderno donde, según datos de ONU-MUJERES, el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual en alguna etapa de su vida. En México, lamentablemente la cifra es mayor. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares el 43.9 por ciento de las mujeres de más de 15 años han sufrido algún incidente de violencia. Es decir, casi la mitad de las mujeres mexicanas han sido violentadas de alguna manera.
Ante este escenario, no es difícil entender lo que ha originado las manifestaciones que han llevado a cabo diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con este tema, pues sólo demuestran un hartazgo generalizado por la inacción que, durante siglos, ha tenido el Estado Mexicano ante esta compleja situación que sitúa a las mujeres como un grupo social altamente vulnerable y que es víctima constante de una incesante violencia social.
La violencia contra las mujeres se ha incrementado considerablemente en los últimos años, sin que se perciba una acción contundente de las autoridades tendiente a abatir este mal. Por ello, es indispensable que de los discursos empáticos y complacientes pasemos a la realización de acciones eficaces y contundentes, tendientes a prevenir, detectar y sancionar prácticas que tiendan a violentar a las mujeres, para desterrarlas y así alcanzar la tan ansiada equidad.
@AndresAguileraM