Esta semana el encierro ha terminado para mí, así como las Reflexiones de Cuarentena. Aún y cuando las afirmaciones de las autoridades de salud vayan en ese sentido, la realidad es que la pandemia no ha cedido, pero la situación impera que en el país y —particularmente— en nuestra Ciudad, requiere inevitablemente que las instituciones de impartición de justicia operen y funcionen al máximo de sus capacidades.
Hemos tenido la oportunidad de prepararnos para adecuarnos a lo que se reconoce como “nueva normalidad”. La forma de trabajar será distinta, debemos tener más orden para garantizar no sólo que las instancias jurisdiccionales funcionen y cumplan con los principios constitucionales de inmediatez, publicidad y expeditez, sino que sean eficaces para resolver los conflictos derivados de esta situación anómala, al tiempo que se prevén condiciones óptimas y seguras para que los servidores públicos jurisdiccionales desempeñen su labor de forma segura, adecuada y digna.
No ha sido una tarea sencilla, pues enfrentamos una situación de salud pública sin precedente. El SARS-CoV-2, mostró ser un virus altamente contagioso, con vías de transmisión diversas, cuyas repercusiones y afecciones siguen generando opiniones discrepantes entre científicos especializados. Sin embargo, hoy en día, los esfuerzos que hemos realizado son tendientes a dos condiciones: salvaguardar la integridad física de las personas usuarias de nuestros servicios y la de los servidores públicos que colaboran con nosotros.
Ser un país de instituciones —creadas por y para la gente— implica la obligación —moral, histórica y política— de hacer que sirvan a la sociedad para desarrollarse plenamente, dentro de un marco jurídico legal y legítimo que prepondere la libertad, equidad y justicia —sobre todo la social— como valores, principios y fines supremos de su existencia. Por ello, quienes las conformamos, debemos atender a las circunstancias; transformarnos —y transformarlas— para ser útiles a la sociedad, máxime en estos momentos en los que una situación anómala, imprevisible y peligrosa, trastoca su dinámica, generando un sisma que trae consigo perniciosos efectos que laceran, individual y colectivamente, a las personas.
Las circunstancias nos imponen la obligación de ser proactivos para llevar a cabo acciones eficaces —hasta audaces— para mantener en plena operación al gobierno. Ya no pueden —ni deben— limitar su actuar a lo “estrictamente elemental”, pues lo indispensable es —más que nunca— hacer que la vida social vuelva a una dinámica virtuosa, que permita el desarrollo pleno de las personas, en un estado de derecho resguardado por instituciones creadas para garantizar su plenitud y eficiencia.
Los servidores públicos —más que nunca— debemos hacer gala de nuestra convicción de servicio y patriotismo para que las instituciones sirvan eficientemente a la sociedad que requiere de solidaridad y empatía para que los efectos de esta crisis sanitaria y económica sean lo menos funestos posibles.
@AndresAguileraM