El correcto desempeño en el servicio público es una pieza fundamental para el desarrollo de las naciones y para la realización del bienestar general. Más allá de doctrinas filosóficas sobre la naturaleza del ser humano y su capacidad de autorregularse, lo cierto es que requerimos de las instituciones gubernamentales para crear el derecho y hacerlo cumplir.
Estoy convencido que sin el gobierno la convivencia entre las personas sería verdaderamente catastrófica, lo que traería consigo una involución considerable y, consecuentemente, la incapacidad real de alcanzar un bienestar generalizado. Insisto: más allá de posturas filosófico-políticas, la realidad es que hoy las sociedades necesitan del gobierno para funcionar y para que su dinámica se lleve con normalidad.
Sin embargo, si la organización gubernamental comienza a ser deficiente, deja de cumplir sus fines y objetivos o se pervierten para atender a finalidades ajenas a su función fundamental, necesariamente se entorpece la dinámica social lo que trae consecuencias invariables en la gobernanza de las naciones y, en obvio de circunstancias, se dejan de lograr los fines individuales y colectivos de las personas. En pocas palabras: hay caos, desorden y la gente empieza a tener conflictos para hacer lo que necesitan para desarrollarse y ser felices.
En esta lógica, el gobierno debe ser una máquina perfecta, que cumpla lo que debe de hacer para que la gente sólo se dedique a vivir en libertad y —dentro del marco de la ley y las reglas de convivencia— lleven a cabo todo lo que les sea necesario para alcanzar sus objetivos. Por tanto, si el gobierno falla, si deja de hacer lo que debe de hacer, si distrae sus recursos en atender temas ajenos a sus funciones elementales, es decir, se corrompe, la convivencia social comienza a fallar y, en cadena, todo lo demás.
Por eso es tan importante un combate eficaz a la corrupción. No es una simple pose o discurso político; es una verdadera necesidad de Estado el evitar que los recursos públicos, tanto financieros, materiales y humanos se destinen a cosas distintas para las que están previstos. Por eso hay instituciones públicas dedicadas a la revisión, vigilancia y castigo a estas graves conductas.
Por eso se llevan a cabo auditorias, que observan y precisan las fallas en el ejercicio público para que se corrijan y funcionen mejor. No son arengas o golpeteo político; ni mucho menos posturas subjetivas en torno a cierta ideología o personaje; de las que se desprenden documentos técnicos que sirven para evaluar, con elementos objetivos, el desempeño de la función pública y corregir rumbos, ajustar objetivos y redefinir tiempos de conclusión.
Si la evaluación de la gestión pública pierde su naturaleza técnica y, consecuentemente, adquiere el nivel de arenga o posicionamiento subjetivo, lo que le resta valor y utilidad a la función de revisión y observación, por lo que —de igual manera— se corrompe su naturaleza.
Hoy, más que nunca, debemos pugnar para evitar politizar el actuar de las instituciones gubernamentales, en especial, las que desempeñan funciones técnicas. Porque si dejan de cumplir con el rigor científico y objetivo amén de apoyar posturas políticas, se corrompe y deja de ser socialmente útil, lo que pone en grave riesgo la gobernanza del país.
@AndresAguileraM