La lucha contra la corrupción ha sido una bandera retórica sumamente socorrida por los políticos en los últimos tiempos. En nuestro país, durante su lucha por el poder, las críticas de la
oposición —anterior y actual— han sido demoledoras y sumamente contundentes con respecto al uso y abuso del poder público en beneficio individual y de grupo, para que quienes lo ostentan se enriquezcan a costa de un servicio público.
Durante el sexenio anterior, la prensa dio cuenta de escandalosos actos de corrupción que no sólo dejaban al descubierto a gobernantes indolentes, ajenos a la vida de la gente y que, además, dejaban de lado sus obligaciones públicas para ceder ante sus pasiones y ante la comodidad de los lujos y privilegios que trae consigo el desempeño de la función pública. Esto trajo consigo que, en el ejercicio democrático, los grupos, partidos y pseudo beneficiados, fueran repudiados y sustituidos por sus antagónicos, por quienes fueron más fieramente criticados y que presumían poder hacer las cosas mejor.
Hoy, la actual oposición política, que no son otros más que los mismos que fueron repudiados por sus excesos, han emprendido el mismo camino de crítica y señalamientos de corrupción para con los grupos actuales que ostentan el poder gubernamental. Sin embargo, el movimiento que hoy tiene bajo su mando las instituciones públicas llegó con un velo de protección, casi místico, que los exonera de cualquier posible mancha de corrupción, porque incesantemente repiten como mantra: no mentir, no robar y no engañar.
Sin embargo, la realidad muestra que se ha abandonado la ruta institucional en este rubro. Por el contrario, en la práctica, se han mantenido usos y procedimientos que ya han demostrado su anacronismo, ineficacia y hasta su perversidad, pues pareciera que se insiste el uso faccioso de las instituciones para atacar y sancionar a los adversarios políticos.
En 2014, como consecuencia de los excesos y abusos de la función pública, inició un movimiento académico-social que pugnó por transformar el sistema de vigilancia del ejercicio del poder público, tendiente a prevenir, vigilar y sancionar a todo aquel que corrompiera la función pública. Así, en un gran esfuerzo político y social, se crea un Sistema Nacional Anticorrupción que, por desgracia, aún no termina de entrar en operación.
La condición política y la visión dogmática que predomina actualmente en quienes encabezan las instituciones públicas, han obstaculizado la consolidación de este Sistema que, lamentablemente, ha sido pospuesta y sustituida por el discurso y la diatriba política.
Hoy —más que nunca— es momento indispensable para que los actores políticos y decisorios de los destinos nacionales, ordenen su consolidación y, a la brevedad, entre en total operación y cumpla con los propósitos que le dieron origen; al tiempo que sea objetivamente evaluado, sin que para ello intervengan posturas subjetivas ni ideológicas. Es imperioso, en una verdadera acción patriótica, retomar los esfuerzos, sin tintes partidistas o ideológicos, para que establezca una política transexenal en este rubro para que, ajenos a posturas y posicionamientos políticos, mantengamos una ruta constante para darle más eficiencia al desempeño de las funciones gubernamentales.
@AndresAguileraM.