Durante la historia de los países se han presentado condiciones particulares que obligan a los órganos legislativos a otorgar ciertas garantías a los funcionarios públicos para el cabal ejercicio de las funciones legales que les son conferidas. Y no es para menos, ya que de éstas depende —en mucho—
un servicio público esencial para el correcto desarrollo de la sociedad, por lo que se consideran herramientas indispensables para garantizar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y políticas que les son encomendadas. En síntesis: son instrumentos indispensables para ejercer el cargo conferido.
Uno de los ejemplos más palpables de esta situación es, precisamente, lo que coloquialmente se considera como “el fuero” que no es otra cosa que la protección constitucional con la que cuentan ciertos funcionarios, como los representantes populares, para que, antes de ser detenidos o procesados, se requiere de un procedimiento previo para que se determine tanto la legalidad como la procedencia del retiro de la protección para que pueda responder ante la justicia.
El origen de esta protección constitucional deviene del siglo XII, en donde el parlamento, para evitar que abusos de poder ejercidos por la corte del rey Ricardo II incidieran en la función de contrapeso que le correspondía. Con ello, se obligaba a que la Cámara de los Comunes revisaran y calificaran las acciones en contra de sus miembros.
En nuestro país, el ejemplo más vívido de los excesos del ejecutivo en contra de integrantes del legislativo se materializó en el martirio inhumano ejercido contra el Senador Belisario Domínguez, férreo crítico del “Chacal” Victoriano Huerta, quien fue secuestrado por la policía huertista para posteriormente ser torturado y asesinado por convocar al levantamiento armado en contra del dictador. A partir de ello, el Constituyente de 1917 determinó establecer la protección constitucional para los legisladores.
En nuestros días, la protección constitucional o “fuero” se encuentra sumamente desprestigiada, pues se observa como un privilegio injustificado para personajes abusivos cuya función, por demás importante, es poco comprendida por parte de la mayoría de las personas. Ante esto, el retiro de la protección constitucional a los legisladores se ha vuelto una bandera política sumamente rentable. Como mantra se repite en mítines, reuniones y debates, como si con ello se solucionara el problema de abusos y excesos cometidos por los políticos y representantes populares.
La solución para evitar los abusos impera que se mejoren los perfiles de quienes ocupan tanto los cargos de elección popular como cualquier otra posición de poder en las instituciones públicas. No es retirando herramientas de protección o garantía del ejercicio público como se mejora, ni tampoco reduciendo salarios o prestaciones, o exhibiendo los excesos cometidos por una sabida minoría; la clave está en hacer una revisión acuciosa y una selección adecuada de las trayectorias, capacidades, aptitudes y, sobre todo, de su convicción y vocación por servir a los demás. De este modo, cualquier persona que cumpla con estos requisitos, además de contar con una auténtica vocación de servicio, ejercerá su función con probidad, sin que para ello se tenga que condicionar, vilipendiar o depauperar, para cumplir con sus obligaciones legales.
@AndresAguileraM